En el 2016, después de haber trabajado 24 años en el Estado dominicano, solicité mi jubilación.
El recorrido por el Estado durante esos veinticuatro años comenzó por el Instituto de Estabilización de Precios en 1980, continuó por la Cámara de Diputados, siguió por la Secretaría de Estado de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, volví a la Cámara de Diputados en el 2000 y en el 2004 hasta el 2012 estuve en la Superintendencia de Valores como intendente.
Cuando en el 2016 me dirigí a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado con toda la documentación que avalaban mi tiempo de servicio en el Estado, la joven que hizo los cálculos me dijo lo siguiente: de acuerdo a los cálculos que he hecho, conforme a la metodología legal establecida, a usted le toca una pensión de 300 mil pesos. Pero dado el hecho de que la ley de pensiones y jubilaciones civiles del Estado establece en otro artículo que la pensión nunca debe pasar de ocho salarios mínimos, a usted le toca una pensión de 40 mil pesos.
¿Por qué de entrada y de derecho me tocaba una pensión de 300 mil pesos? Porque la última institución donde yo trabajé, que fue la Superintendencia de Valores, donde estuve como intendente, yo tuve un sueldo de 300 mil pesos durante los últimos tres o cuatro años.
La ley de 1981 establece que hay que sacar un promedio de los sueldos de los últimos tres años para consignar el monto de la pensión. Al sacar el promedio de los sueldos de los últimos tres años es obvio que el promedio tenía que dar obligatoriamente trescientos mil pesos (300,000.00) y mi pensión en buen derecho era de 300 mil pesos.
La ley de pensiones y jubilaciones civiles del Estado de 1981 es una ley muy antigua, obsoleta y totalmente desactualizada: los salarios eran muy bajos en el sector público en ese tiempo y el salario mínimo no pasaba de 100 ó 125 pesos al mes.
Bien, esa ley de 1981, una verdadera desgracia, sigue vigente en nuestro país no obstante el hecho de que han pasado cuarenta años desde que fue aprobada en 1981 cuando Don Antonio Guzmán Fernández era el presidente de la República Dominicana y el licenciado Hatuey Decamps era el presidente de la Cámara de Diputados.
Esa misma ley, que es un templo a la injusticia, a la arbitrariedad y a la indignidad, establece en otro artículo que la pensión nunca debe pasar de ocho salarios mínimos. Hasta el 2019 el salario mínimo fue 5,000.00 pesos, por lo que cuando usted multiplica 8 por 5,000.00 le da una mísera pensión de 40 mil pesos.
O sea que a mí el Estado dominicano, producto de esa gran injusticia que aún se mantiene como ley, me ha dejado de pagar por mes 260 mil pesos desde el 2016 hasta hoy. A esto hay que sumarle los 260 mil pesos del sueldo trece: 260 mil por 13 es igual a 3,380,000. Si usted multiplica esos 3 millones 380 mil pesos por 5, eso significa que el Estado dominicano ha dejado de pagarme 16 millones 900 mil pesos!
Señores del Estado y del gobierno, la pensión que en buen derecho me corresponde a mí no es de 40 mil pesos sino de 300 mil pesos, por lo que por mes se me han dejado de pagar, desde el 2016 hasta el 2021, 260 mil pesos más el sueldo trece por igual valor.
Nada ni nadie me detiene en esta lucha contra este monstruo de injusticia “legalizada” hasta que se me pague el monto de la pensión que me corresponde en el Estado.
Yo duré 24 años trabajando en el Estado dando lo mejor de mí. Sin embargo, otros, como los jueces del Tribunal Constitucional, a los seis años, a los nueve años y a los doce años se van para sus casas, cuando se les agota el período, con una pensión vitalicia de 600 mil pesos!
Y los miembros titulares de la Junta Central Electoral cuando terminan su mandato de cuatro años se van para sus casas con pensiones de 300 mil pesos.
Pero está el caso también de gente que nunca ha trabajado en el Estado con pensiones de más de 100 mil pesos!
No hay dos ni tres Estados dominicanos, por lo que hay que mantener la unidad del Estado en todo, razón por la cual esos privilegios, desigualdades e injusticia abismales son totalmente improcedentes, por lo que hay que enterrarlos por siempre y para siempre por constituir una blasfemia y un insulto a la Constitución del país y al país!
La Constitución nuestra no aprueba ni valida que el Estado sea un promotor de injusticias y de desigualdades. La Constitución no es ella al margen de los principios que la orientan y están en la base de las normativas y de los mandatos constitucionales como son el principio de equidad, el principio de razonabilidad, el principio favorabilidad, el principio de proporcionalidad y otros.
Y el orden constitucional no puede estar cimentado sobre la pólvora incendiaria de la injusticia y de la desigualdad.
Cuando comencé a trabajar en el INESPRE en 1980 ya era licenciado en Economía, terminé mi primera maestría en Desarrollo Económico en Nápoles, Italia, en 1989, en 1998 me investí de magíster en Administración Pública en la PUCMM y en octubre de 2006 me examiné del doctorado en Economía en la Universidad del País Vasco. Me gradué de licenciado en Derecho también en la UASD en 1997.
Aclaro que no reclamé mis derechos en el mismo 2016 porque Danilo Medina es un dictador, un pichón de tirano, y porque me había distanciado de él desde el mismo 2015 cuando impuso a “sangre y fuego” la reforma para restablecer la figura de la reelección presidencial y darle el primer zarpazo a la Constitución de 2010 que apenas tenía cinco años.
¡Yo no hice campaña por Danilo en el 2016! Porque, además, nunca le vi condiciones para ser presidente de la República, mucho menos para ser presidente por dos períodos consecutivos.
La historia me dio la razón: hizo un verdadero desastre en términos de corruptela pública y de estrangulamiento de la institucionalidad
Tengo un matrimonio sin divorcio con la honestidad, con la honradez y con la pulcritud: en el trayecto de mi vida, tanto a nivel privado como a nivel público, nunca le he puesto la mano a un centavo ajeno.
Lucharé sin desmayo, sin descanso, por la pensión que me gané en buena lid y en buen derecho trabajando en el Estado dominicano.
POR: DR. VÍCTOR MANUEL PEÑA
*El Autor es economista y abogado