El amparo electoral y el obstáculo de la otra vía judicial efectiva

Por Francisco Cabrera Mata

Dos años antes de que la Suprema Corte de Justicia acreditara el amparo como mecanismo de protección de derechos fundamentales, ya el ordenamiento electoral había otorgado carta de ciudadanía a esta institución jurídica. En efecto, la antigua Ley Electoral, núm.275-97, consagraba a favor del elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, el derecho a solicitar amparo por sí o por intermedio de otra persona, sin formalidad y ante cualquier juez o autoridad, muy especialmente a la Junta Central Electoral o a la Junta Electoral correspondiente[1].

Es que, a pesar de que la Convención Americana de Derechos Humanos es parte de nuestro Derecho desde el año 1977, en cuyo artículo 25.1 se reconoce a toda persona el derecho al amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales, no es sino hasta febrero de 1999 que este instituto toma cuerpo para desfilar por nuestros tribunales sin ser visto como un artificio. Desde entonces, habiendo repuntado en el 2006 con la denominada ley sobre recurso de amparo[2], hoy derogada, evolucionó para quedar incorporado en el texto que resultó de la reforma constitucional del 2010[3] y, como tal, es materia de Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (LOTCPC); así, ya cuenta con gran resguardo jurisprudencial.

Se trata de una materia que no es ajena al Tribunal Superior Electoral (TSE). Precisamente, esta ley 137-11 no solo prevé que las jurisdicciones especializadas existentes o las que pudieran ser posteriormente establecidas, deberán conocer también acciones de amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que corresponda a ese tribunal, sino que puntualiza la competencia de la sede electoral para conocer de las acciones en amparo electoral conforme a lo dispuesto por su Ley Orgánica, marcada con el número 29-11. Esta ley, que es anterior, ya declaraba la competencia de este órgano para conocer de los amparos electorales conforme a las reglas constitucionales y legales[4].

Dicha competencia, de estar ante un elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, se extiende a cualquier juez o autoridad con competencia contenciosa electoral[5]; para esto, a través de las facultades reglamentarias del TSE, las Juntas Electorales han sido habilitadas. Pero, en cualquier escenario, habrá que observar el procedimiento fijado por la LOTCPC, para la admisibilidad de la acción que, además de ser incoada en tiempo hábil y de superar la apariencia de no ser notoriamente improcedente, queda sujeta a la inexistencia de otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.

Este requisito, cual viene del artículo 70.1 de la LOTCPC, nos indica que la acción debe sortear una causal de inadmisibilidad enunciada en forma indeterminada. Esto, a juicio del TSE, precisa de la verificación de dos requisitos esenciales, a saber: que la vía establecida sea de naturaleza judicial y que, en caso de verificarse la existencia de una vía judicial compatible con el derecho vulnerado, esta sea más efectiva que el amparo[6]. En esta tarea, que busca llenar de contenido tal condición, la sede electoral agrega que dicho texto debe ser interpretado de manera restrictiva, para evitar que sea invocado con el objetivo de negar la vía del amparo sobre la base de que simplemente existen otras vías judiciales que permiten la tutela del derecho presuntamente vulnerado[7].

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional considera que la noción se encuentra condicionada a la identificación de la vía judicial que el juez considere idónea[8], rasgo que no debe ser confundido con la competencia[9]; así que, la determinación de la otra vía efectiva está asociada al proceso en sí[10]. Esto, más que a la jurisdicción que debe conocer del caso, según el TSE, concierne al cauce procesal específico que habilita el ordenamiento para canalizar el reclamo. En eso, la sede electoral afirma que la efectividad de la vía judicial alterna se calibra a partir de dos circunstancias puntuales: que esta vía alterna permita la adopción de medidas cautelares y que la complejidad del asunto principal implique agotar fases de instrucción propias de los procesos ordinarios[11].

Es evidente, entonces, que no habiendo supeditado la Constitución el amparo a la existencia de otras vías judiciales, efectivas o no, el desarrollo del tema en la forma que venimos de comentar procura una interpretación conforme del referido artículo 70.1; evitar el abandono a lo meramente residual y subsidiario de un proceso que la Carta Magna vende con carácter de acción principal, no requería menos. Se aprecia, pues, que la expresión otra vía judicial efectiva excluye toda idea que pretenda dejar el asunto resuelto con la sola existencia de cualquier otro proceso posible. Por tanto, ha de tratarse de procesos tan o más efectivos que el propio amparo.

De esta manera, si la identificación y correcto juzgamiento del supuesto acto lesivo resulta ser una cuestión profunda o de difícil determinación en el contexto de la sumariedad que exige el amparo, en opinión del TSE, esta valoración procede mediante un cauce procesal distinto; es decir, uno que resulte apto e idóneo para la determinación de la presunta transgresión del derecho fundamental[12]. Pero, dicha salida, que parece apuntar hacia asuntos cuyo conocimiento implica un procedimiento que favorezca una mayor labor de cognición por parte del tribunal y una actividad probatoria enjundiosa para evidenciar la pretendida lesividad, no debe tener espacios si la posibilidad de una medida cautelar es insuficiente para la tutela que se persigue.

 

[1] Artículo 111, Ley Electoral 275-97, de fecha 21 de diciembre del 1997, derogada a partir de la entrada en vigencia de la Ley 15-19, Sobre Régimen Electoral

[2] Ley No. 437-06 de Recurso de Amparo, de fecha 30 de noviembre del año 2006.

[3] Artículo 72, CRD

[4] Artículos 74 y 114, primera parte, Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

[5] Artículo 216, Ley 15-19, Orgánica sobre el Régimen Electoral

[6] Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-048-2016, de fecha 22 de marzo del 2016

[7] Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-010-2013, de fecha 19 de marzo de 2013

[8] Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0021/12, de fecha 21 de junio del 2012

[9] Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0377/19, de fecha 20 de septiembre del 2019.

[10] Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0161/14, de fecha 23 de julio del 2014

[11] Tribunal Superior Electoral. Sentencia TSE-636-2020, de fecha 14 de mayo del 2020.

[12] idem.

Por Francisco Cabrera Mata 

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