Tras el aglutinamiento de la denominada marcha verde, surgió la necesidad, después de un aparente matrimonio con la voluntad popular de parte del gobierno, de ceder ante la presión de diferente sectores que se habían manifestado ante la aparente poca voluntad del gobierno de enfrentar la corrupción, y como resultado de esto, encausar a una caterva de legisladores, funcionarios, empresarios, abogados y hasta gestores de tramitación para la aprobación de obras en favor de la multinacional Odebrecth después de explotar un escándalo internacional.
Luego del destape a través caso Lava Jato en Brasil y una serie de interrogatorios a los representantes y propietarios de la constructora Andrade Gutiérrez y asoc y posteriormente a Odebrecht, surgieron, resultantes de las pesquisas realizadas por las autoridades de ese país, unos listados de los representantes y posibles tramitadores en 12 países donde operaba esta compañía, en el ranking de países que recibieron dinero con el objeto de realizar pagos de sobornos, república dominicana ocupa el puesto número 3, estos pagos se efectuaban a quienes posibilitaban la adjudicación de obras de alta envergadura en sus respectivos países, además, de gestionar los préstamos necesarios para concluir los procesos de licitaciones de dichas obras, ejecuciones presupuestarias necesarias y erogación de fondos en favor de la compañía.
Para mitigar toda esta parafernalia y ruido provocado por la posible participación de altos funcionarios, tanto del gobierno actual como de gobiernos anteriores, que motivo la conformación de la Marcha Verde, movimiento social que logro llamar la atención de los dominicanos manera masiva y sobre todo, captar el interés de un gobierno sordo mudo, ciertamente, el hecho de llevar ante la justicia muchos de estos personajes mitigaría el efecto que ha tenido la marcha verde en la población y quitaría utilidad a su existencia y a su objetivo, las medidas tomadas como la conformación de una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de punta catalina, así como el informe rendido por esta y la acogida por parte del gobierno de dicho informe, surten un efecto placebo en los dominicanos por la aparente disposición del gobierno de accionar y llevar ante la justicia o buscar una solución inmediata a todo reclamo social que tenga amplia presencia mediática, el talón de Aquiles de esta acción es el tiempo y golpe de frente a la realidad que se suscita cuando las iniciativas que surgen pierden su fuerza e interés con el paso del tiempo y al final todo queda donde estaba.