EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- Estados Unidos, junto a Canadá y seis países europeos, solicitó este lunes formalmente que el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas dedique un debate de su próxima sesión (febrero de 2023) a discutir la situación de los derechos humanos en la región noroccidental de Xinjiang.
La solicitud, también firmada por Reino Unido y los cinco países nórdicos (Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca), se lanza a la luz del reciente informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que apuntaba posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Xinjiang.
Al final de la actual sesión, el 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos votará si acepta esta propuesta de debate, para lo cual se necesita una mayoría de votos de entre los 47 países miembros (entre los que actualmente está la propia China).
La organización Human Rights Watch (HRW) reaccionó rápidamente a este paso diplomático y señaló en un comunicado que es un «paso pequeño pero importante para examinar las amplias violaciones de los derechos humanos de las autoridades chinas contra uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang».
«Ningún estado está por encima de la ley, y el principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de tratar con prioridades estos graves abusos», añadió HRW.
La cuestión de Xinjiang se ha avivado este mes en Naciones Unidas desde la publicación del informe de su oficina para los derechos humanos el pasado 31 de agosto, pocos minutos antes de que finalizara el mandato de la chilena Michelle Bachelet como alta comisionada.
El documento admitía evidencias de crímenes tales como detenciones arbitrarias, torturas, persecución cultural, trabajos forzados y otros abusos.
Muchas de estas violaciones de derechos humanos se habrían cometido en la campaña de detenciones masivas llevada a cabo en Xinjiang desde mediados de la pasada década, según Pekín para combatir el avance del terrorismo yihadista.
Organizaciones críticas con Pekín y uigures en el exilio acusan a China de detener hasta un millón de personas en «campos de reeducación» donde se reprimió su religión y su cultura, mientras que Pekín, negó inicialmente la existencia de esos centros pero luego aseguró que se trataba de lugares de formación vocacional.
