Los países que suscribieron el comunicado, además de EE.UU., son el Reino Unido, Chile, Australia, la República Checa, Polonia, Noruega, Finlandia, Estonia, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Polonia.
Estos países instaron al Gobierno de Daniel Ortega a «restituir de inmediato la personalidad jurídica de estas organizaciones, cesar todos los ataques y amenazas contra la sociedad civil nicaragüense y mantener las libertades fundamentales de acuerdo con sus obligaciones internacionales».
En su opinión, la «suspensión arbitraria» de las organizaciones y los registros a algunas de sus sedes «son un ataque directo a las libertades fundamentales de los nicaragüenses».
«El trabajo de estas organizaciones es esencial para explicar los persistentes abusos y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua», se añade en el texto.
El Parlamento y el Gobierno de Nicaragua defienden que las nueve ONG a las que se suspendió su personalidad jurídica apoyaron «el fallido intento de golpe de Estado», en alusión a las movilizaciones opositoras de mediados de año contra Ortega que provocaron centenares de muertos en el país centroamericano.
Según el Ejecutivo y los legisladores oficialistas, con este apoyo las ONG incumplieron sus obligaciones legales.
Washington ha aumentado en las últimas semanas su presión contra el Gobierno de Ortega. Este jueves, el presidente Donald Trump proclamó la «Nica Act», una ley que busca bloquear el acceso de Nicaragua a los préstamos de instituciones multilaterales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Por EFE
