EL NUEVO DIARIO, Washington.- El Gobierno estadounidense dijo este martes tener «confianza en las instituciones de Brasil» y en su capacidad de superar la crisis política generada por las acusaciones de corrupción contra el presidente brasileño, Michel Temer, que son objeto de una investigación en la Corte Suprema del país.
«Estamos al tanto de las acusaciones (contra Temer) y tenemos confianza en las instituciones de Brasil», afirmó a Efe una funcionaria del Departamento de Estado estadounidense, que pidió el anonimato, al ser preguntada sobre el tema.
«Como este es un tema interno de Brasil, le referimos a las autoridades brasileñas para más información», se limitó a agregar la fuente.
La reacción del Gobierno de Donald Trump es similar a la emitida hace un año por el Ejecutivo de su predecesor, Barack Obama, con motivo del proceso que culminó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Entonces, la Casa Blanca aseguró que tenía «confianza en la durabilidad de las instituciones democráticas de Brasil para superar la agitación política» que suponía el proceso contra Rousseff.
En este caso, las sospechas contra Temer surgieron de un acuerdo de cooperación judicial pactado por la empresa JBS, cuyos propietarios confesaron que sobornan al actual gobernante a cambio de «favores políticos» desde 2010 y entregaron un comprometedor audio.
La grabación fue hecha por Joesley Batista, uno de los socios de JBS, quien en una conversación con Temer relata diversas maniobras ilegales que hace en favor de su empresa ante el silencio y lo que por momentos parece sugerir hasta la anuencia del gobernante.
Temer ha descalificado todas las acusaciones y ha dicho, en dos mensajes dirigidos al país desde el pasado jueves, que no renunciará al cargo que ocupa desde mayo de 2016, cuando comenzó el proceso que acabó en la destitución de Rousseff.
En caso de una renuncia de Temer, la Constitución brasileña prevé que, por haberse completado ya la mitad del mandato de cuatro años que empezó Rousseff, el Parlamento debería ser convocado para elegir en forma indirecta a quien gobernaría el país hasta el 1 de enero de 2019, cuando vence el actual período.
