EEUU deja de aplicar el veto migratorio de Trump pero intenta restaurarlo

Por EFE sábado 4 de febrero, 2017

EL NUEVO DIARIO, Washington, 4 feb (EFE).- El Gobierno de EE.UU. restauró hoy miles de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana después de que un juez suspendiera el polémico veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump, pero apeló la decisión judicial con el objetivo de restaurar esa medida.

Mientras las aerolíneas aceptaban de nuevo a los ciudadanos cuya entrada en Estados Unidos había estado prohibida desde el 27 de enero, Trump reaccionaba con indignación a la decisión de un juez federal que este viernes bloqueó su orden ejecutiva y abrió de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados.

"La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada", dijo Trump en un mensaje en la red social Twitter.

"Cuando un país ya no es capaz de decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad – ¡gran problema!", añadió el presidente.

Según Trump, "mucha gente muy mala y peligrosa podría colarse" en Estados Unidos debido a la "terrible" decisión emitida por el juez federal James Robart desde Seattle (estado de Washington).

Unas horas más tarde, el Gobierno estadounidense recurrió la decisión judicial ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), lo que inició un proceso que, según expertos, acabará probablemente en el Tribunal Supremo.

Se espera que esa notificación de recurso, presentada en nombre de Trump y de parte de su gabinete, vaya seguida de una solicitud de suspender la decisión judicial que bloqueó el veto migratorio, y un informe con argumentos sobre por qué, a juicio del Gobierno, la Corte de Apelaciones debería concederles esa petición.

La orden de Trump suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados de Estados Unidos -o indefinidamente, en el caso de los refugiados sirios- y detenía durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

La decisión adoptada este viernes por el juez federal Robart bloqueó la orden con efecto inmediato sobre todo el país, lo que ha obligado al Gobierno a cambiar sus protocolos.

El Departamento de Estado confirmó hoy que ha devuelto la validez a los visados que había revocado provisionalmente para cumplir con la orden presidencial y que, según sus propios datos, habían dejado sin documento migratorio a casi 60.000 personas provenientes de los siete países afectados por el veto.

"Hemos revertido la revocación provisional de los visados bajo la orden ejecutiva (de Trump). Las personas con visados que no han sido físicamente cancelados pueden viajar ahora, si su visado sigue siendo válido", dijo a Efe un funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato.

No está claro a cuántos de los 60.000 extranjeros se les canceló físicamente el visado y no podrán, por tanto, utilizarlo para viajar a Estados Unidos, pero al resto sí se les permitirá embarcar con destino al país norteamericano.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de los controles migratorios, también anunció hoy que había suspendido "todas las acciones destinadas a implementar las secciones" del decreto de Trump afectadas por la decisión judicial, incluidas "las reglas que clasificaban a los pasajeros" de ciertos países como prohibidos.

El juez Robart, nominado por el presidente republicano George W. Bush (2001-2009), justificó su fallo al asegurar que las circunstancias presentadas ante él requerían una "intervención para cumplir con el papel constitucional" del poder judicial.

El fallo solo rige hasta que Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior, como la Corte de Apelaciones o el Supremo, decida levantarla.

La decisión de Robart respondió a una demanda de dos estados de EE.UU., los de Washington y Minesota, que argumentaron que el decreto de Trump era anticonstitucional porque provocaba discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.

No obstante, Trump se cuidó de no mencionar la religión musulmana en su orden ejecutiva, y ese factor, unido a la amplia autoridad que el sistema legal estadounidense concede al presidente para regular la política migratoria, podría contar a favor del mandatario en la batalla judicial. EFE