EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.- Las embajadas de Alemania y EEUU en China protestaron de forma conjunta por las condenas emitidas el martes contra los activistas chinos de derechos humanos Wu Gan y Xie Yang, víctimas de la campaña del régimen comunista contra abogados y sus entornos que se inició en 2015.
Las dos legaciones «están profundamente decepcionadas con las sentencias contra el activista y bloguero Wu Gan y el abogado Xie Yang, culpados del difuso delito de ‘subversión contra el poder del Estado», señala un comunicado conjunto divulgado hoy.
En vista de las sentencias, el comunicado pide que Wu Gan, condenado a ocho años de prisión -la sentencia más dura en los dos años y medio que dura la campaña- sea puesto en libertad inmediatamente.
En cuanto a Xie, condenado por el mismo delito que Wu pero eximido de la pena de cárcel tras confesar su culpabilidad, las embajadas de los dos países piden que se le permita volver a ejercer la abogacía.
Las dos embajadas recuerdan que Xie ayudó a muchos ciudadanos a defender sus derechos bajo el paraguas de la ley china, y denuncia que pasó seis meses incomunicado desde su detención en julio de 2015 y se le negó el derecho a elegir su propio abogado, asignándosele uno de oficio.
«En vista de las alegaciones sobre graves maltratos a Wu y Xie durante sus detenciones, y dada la ‘confesión pública’ de Xie a través de medios estatales, pedimos a las autoridades chinas que se ajusten a los procedimientos establecidos por la ley y respeten las obligaciones internacionales de derechos humanos», subrayan.
También urgen a las autoridades chinas a «tratar a los abogados y derechos humanos como socios a la hora de fortalecer la sociedad de China, mediante el desarrollo del Estado de Derecho».
Alemania y EEUU piden asimismo a través del comunicado la liberación inmediata del abogado Wang Quanzhang, otra víctima de la campaña, quien está en paradero desconocido -incomunicado por orden de las autoridades- desde hace más de dos años.
Xie, Wu, Wang y otros cientos de abogados y activistas fueron detenidos en el verano de 2015 en la conocida como «campaña 709» contra estos colectivos.
Según grupos de derechos humanos y miembros de la comunidad internacional, la campaña es un recurso del régimen comunista para eliminar toda voz crítica con el autoritario Gobierno del presidente Xi Jinping.
