«El día de ayer procedió la Cancillería a enviar la información pertinente y no tenemos la menor duda de que aquello se satisfaga», recalcó la vicepresidenta sobre la solicitud hecha por la CIDH a raíz de denuncias de inconstitucionalidad en algunas preguntas de la consulta.
La vicepresidenta se refirió hoy a la solicitud de información hecha el sábado por la CIDH acerca de una de las preguntas de la consulta, prevista para el 4 de febrero, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por la Vicepresidencia.
Subrayó que «este proceso está apegado a Derecho, a lo que establece la Constitución y cuenta con la legitimidad porque es el resultado de un proceso de diálogo nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene un carácter vinculante».
Ese organismo internacional solicitó al Ejecutivo ecuatoriano aclaraciones acerca de la pregunta número 3, que propone la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La CIDH solicitó «información detallada sobre las características, funciones y efectos del mandato que tendría el Consejo que asuma transitoriamente las facultades, deberes y atribuciones del CPCCS» en un plazo de cinco días.
El requerimiento de información se produjo tras la denuncia presentada a finales de 2017 por el vicepresidente de ese consejo, Edwin Jarrín, y dos consejeras que consideraron la pregunta inconstitucional.
El expresidente Rafael Correa también ha denunciado una inconstitucionalidad de la convocatoria, así como de algunas de las siete preguntas que incluye.
Correa expresó a Efe el pasado miércoles sus dudas acerca de la 2, que busca derogar una enmienda constitucional que permite la reelección de autoridades en más de una ocasión, así como la pregunta 3, que argumentó que con ella el Ejecutivo busca concentrar poderes.
El CPCCS es un mecanismo de control para fiscalizar y controlar la gestión de lo público en Ecuador, aunque la oposición arguye que se transformó en una de las herramientas del correísmo para imponer su discurso y políticas.
El presidente Lenín Moreno propone suprimir temporalmente o enmendar su composición porque cree que ha perdido su espíritu original.
«El compañero Lenín Moreno ha manifestado que debe ser gente proba (la que integre el Consejo), gente que esté dispuesta a servir al país, que no sean amigos del Gobierno, ni amos del poder, en eso ha sido enfático el presidente de la República, es la esencia misma del planteamiento de repensar la composición del Consejo», adujo Vicuña.
Unos trece millones de electores en el territorio ecuatoriano y 395.178 en el extranjero están facultados para participar en la consulta popular sobre cuestiones como corrupción, reelección de autoridades, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales a menores.
En Ecuador, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y facultativo para los menores de entre 16 y 18 años.
Por EFE
