EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El profesional en economía y finanzas, Fabricio Gómez señaló que a una década de ser aprobada la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el subsidio energético del año pasado, según declaraciones del ministro de la Presidencia, fue de US$1,200 millones, pero que para el presupuesto vigente está previsto un gasto de US$900 millones para suplir las necesidades en el sector eléctrico, «lo que significa una disminución».
Aplaudió la decisión de la nueva gestión gubernamental de la disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el fortalecimiento del Ministerio de Energía y Mina; así como la unificación de las Edes mediante un único Consejo Administrativo.
Gómez ponderó el firme compromiso del Gobierno con la recuperación del sector eléctrico, al abordar el tema del Pacto Eléctrico en medio del embate económico generado por la pandemia.
El experto en finanzas emitió sus ponderaciones al participar en el Conversatorio sobre el Pacto Eléctrico, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario, dirigido y coordinado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) e INTEC.
Sobre el pacto
La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla informó de que el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico se firmará a finales de enero
No obstante, aclaró, que la última palabra la tiene el Consejo Económico y Social (CES), donde convergen distintos sectores, «pero todo parece indicar que vamos a llegar a un feliz término respecto al pacto (eléctrico) antes de que finalice el mes de enero», dijo.
La firma del Pacto Eléctrico fue pospuesta en dos ocasiones, el 21 de diciembre de 2017 y el 20 de febrero de 2019 por diferencias entre algunos sectores.
El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico está orientado a fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del sector, según su documento base.
De acuerdo con ese documento, el pacto procura, además, eliminar los incumplimientos, los solapamientos de roles, las insuficiencias legales y las distorsiones actuales en la aplicación de las normativas.
