EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la Asociación Jurídica Cubana (AJC) presentaron hoy en Madrid un registro no oficial de asociaciones de la sociedad civil para dar visibilidad a las organizaciones que se encuentran dentro del país pero no están reconocidas por el Estado.
"Esto no nos da derechos desde el punto de vista legal en Cuba, pero es importante que la gente conozca la situación", explicó el periodista y escritor Jorge Olivera, quien reside en Estados Unidos.
El registro surge, según los opositores, como respuesta a "las trabas políticas y jurídicas que impiden que cualquier grupo de la sociedad civil tenga reconocimiento público".
El abogado y miembro de la organización AJC Wilfredo Vallín explicó el complejo proceso que atraviesan las organizaciones para ser reconocidas en la isla y lamentó que existe un "gran desconocimiento jurídico" en el país.
"Con este proyecto podremos ayudar a más cubanos", afirmó Vallín, quien explicó que si bien la AJC no está legalizada, "sí está tolerada por el Gobierno cubano".
Los objetivos del proyecto son dar publicidad política y social a las asociaciones, su homologación, es decir, que avancen en su estructura y orden interno, y por último, poder descubrir cuáles son las "asociaciones fantasma", que en realidad no están operando.
Por el momento ya se ha unido al proyecto la AJC, aunque los disidentes esperan que en los próximos meses lo hagan también las Damas de Blanco, Plataforma Femenina y Convivencia Cuba, entre otras.
Para el exmagistrado Calixto Gammalame, la ley de asociaciones cubanas "coarta el trabajo" de sus miembros, ya que, según denuncia, su registro "es discriminatorio" y "deben responder ante el Estado en todo lo que les demande.
La actual Ley de Asociaciones cubana (1985), obliga a cada organización a asociarse con alguno de los órganos del Estado que le sea afín con su temática a través del "Órgano de Relaciones".
De este modo, las asociaciones deben explicar cuáles son sus actividades y responder siempre ante este órgano, según denuncian los disidentes.
