El debate actual acerca de la independencia judicial es con probabilidad el más agudo de toda la historia de la República Dominicana. Nunca antes se habían expresado de manera tan clara las exigencias de las garantías que los jueces, apoyados por la comunidad jurídica nacional e internacional, hacen valer con preocupaciones legítimas por el peligroso derrotero que lleva el Poder Judicial.
La confianza en este poder del Estado se va erosionando y la función judicial, esa que consiste en resolver los conflictos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, puede correr la misma suerte. El Estado de derecho cuelga resbaladizo y se sostiene a duras penas de un péndulo con una trayectoria impredecible. Se va perdiendo la fuerza de la razón en cada reacción niveladora del sistema de justicia, existe la ley pero carece de eficacia normativa.
Este fenómeno se caracteriza por el incumplimiento de las sentencias, incluyendo las del Tribunal Constitucional, que hace del encabezado de estos actos de imperio, ¡en nombre de la República!, sólo un recordatorio de la fuente de la que emana el poder.
En el momento más crítico de este contexto se produjo el “Manifiesto por la independencia judicial y la preservación del sistema de justicia”, cuyo detonante fue la suspensión sin disfrute de salario de varios jueces mientras se sustancian sus procesos disciplinarios. Desde el pasado viernes 13 de octubre 518 jueces —de un total de 765— han firmado el documento. Se trata de un hecho sin precedentes que tiene por virtud ser el más democrático ejercicio de participación que se ha producido en el Poder Judicial.
Por un momento pensemos en el Poder Judicial como un vaso que lleva décadas aguantando el vertimiento de sustancias frías y calientes. Ha tenido algunas caídas de las que dan cuenta sus grietas, pero no puede dejar de utilizarse con el pretexto de corregirlas… la sociedad necesita verlas mientras lo sostiene y se sirve de él. Aunque cueste reconocerlo, casi siempre almacena tragos amargos que le harán bien.
En consecuencia, se trata de un vaso imperfecto, pero es nuestro vaso. El único recetario para todo lo que en este se sirve es la ley. Aun cuando la sociedad parece atravesar momentos muy convulsos, hay que distinguir entre en el antídoto y el placebo. Se requieren reivindicaciones oportunas y duraderas que ayuden a comprender que la confianza es la esencia de la función judicial.
En ese sentido, no existe amenaza mayor a la confianza que aquella producida cuando la sociedad se convence, esté o no en lo cierto, de que sus jueces no actúan con independencia de los poderes externos ni de los órganos internos de la magistratura. Por esa razón, el debido proceso en la dimensión disciplinaria es una garantía fundamental y su observancia debe ser un ejercicio demostrativo de la evolución de los poderes públicos, de modo que es inaceptable que los guardianes del debido proceso tengan que mendigar una garantía fundamental como si aspiraran a un privilegio.
Eso es lo que sucede cuando un juez es suspendido por el Consejo del Poder Judicial en el mismo instante en el que se abre una investigación o un proceso disciplinario, por lo que el órgano de administración y disciplina excede las potestades que le confiere la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial, anticipando la consecuencia de la futura comprobación de la falta y configurando un esquema inexistente de medidas cautelares. Nada más reprochable puede darse en la “sede de los equilibrios” y del control del ejercicio arbitrario del poder.
Hoy la memoria de algunas vivencias de la vida militar, si se me permite la analogía, me recuerda lo volátil, sensible a los estados de ánimo y a las presiones verticales del régimen disciplinario. Aunque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dentro de las Fuerzas Armadas funciona el mundillo de las academias militares, donde las dos sanciones por excelencia consisten en someter al disciplinado a duros ejercicios físicos y a servicios extraordinarios.
Siempre me pregunté, ¿qué pasa con el siquismo superior de los sujetos que perciben el entrenamiento como un castigo y el servicio como una venganza?, pues todos los seres humanos, salvo algún trastorno mental, repelen naturalmente el sufrimiento. Hoy la misma inquietud me ha tomado por asalto en relación a los jueces, ¿qué pasa cuando se les acusa de haber transgredido normas éticas, pero son tratados y juzgados con estándares distintos a los fijados por la ley?
Los principios siguen siendo los mismos que se les ha exigido a los jueces observar como administradores de justicia, por lo que no existen respuestas simples para las interrogantes que surgen de esta contradicción. Si el sistema de valores no es lo suficientemente coherente habrá daños que reparar en el futuro y mucho que reformar, pero si el sistema se niega a sí mismo pierde legitimidad y se expone a una crisis que obligará reconstruirlo todo desde el inicio.
Perfil del autor:
Abogado, docente e investigador con interés en los temas de criminalidad, Estado de derecho, democracia, derechos humanos, derecho penal, justicia internacional y justicia transicional. Actual director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).