EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) advirtió que si la Suprema Corte de Justicia (SCJ) acoge la recusación de los imputados en el caso Odebrecht, se produciría un descalabro judicial y un caos.
Al advertir que dichos recursos responden a una táctica dilatoria con el interés de que sea designado un juez que le sea favorable a sus representantes, la magistrada Laura Guerrero Pelletier dijo que lo que se busca es un magistrado que les garantice impunidad.
“Entendemos que si el pleno de la SCJ, acoge dichas recusaciones bajo el alegato jurídico de que Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente y haber participado en la etapa de la medida de coerción, esto traería un descalabro y caos judicial”, dijo.
“Y estaría imposibilitando la designación de otro juez que , entiéndase que quedarían excluidos también los magistrados Juan Hirohito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra, Miriam Germán Brito, Esther Angelán Casasnova y Frank Soto; entiéndase nos quedaríamos prácticamente sin jueces ni para el conocimiento de la audiencia preliminar ni la apertura a juicio, en virtud de que al igual que el Juez Ortega Polanco, éstos ya conocieron aspectos del caso a través de la apelación de las medidas de coerción que el pasado año fueron impuestas por el magistrado Ortega a solicitud del Ministerio Público”, añadió.
En rueda de prensa, la directora del Pepca llamó a la ciudadanía a estar atenta, por la trascendencia económica, política y social el caso Odebrecht. “Es importante estar alerta a los posibles mecanismos de defensa que puedan generar caos”, precisó.
“El Ministerio Público, el único interés que tiene es que se haga justicia, y el juez preferido es aquel que aplique justicia, aquel que asuma su responsabilidad y es el que este delante de la Justicia”, afirmó.
Guerrero Pelletier, al responder preguntas de los periodistas, informó que en el sistema penal dominicano esos casos de corrupción muchas veces no se tratan como los ordinarios.
“Debemos evidenciar que el juez es quien conoce desde el inicio del proceso hasta que termina la audiencia preliminar; existe un juez de la instrucción”, indicó.
“Siempre hemos sido escéptico a este tipo de creatividad jurídica donde se procura crear un caos, personas que manejan poder; no estamos persiguiendo a un roba la gallina, por eso el Ministerio Público necesita el apoyo, la solidaridad de la ciudadanía y que el sistema de la República se aplique igual que a los de a pie, que a ricos”, explicó.
“Nosotros creemos que los miembros de la Suprema Corte de Justicia asuman su responsabilidad; entendemos que el juez designado asuma su responsabilidad, los jueces de la Segunda Sala asuman su responsabilidad y que las recusaciones se conozcan acorde al Código Procesal Penal, no a interpretaciones”, reiteró la directora del Pepca.
La representante del Ministerio Público fue enfática al expresar que “nosotros entendemos que el juez Ortega Polanco debe seguir el proceso”. “Creemos que el artículo 173 dice textualmente que el Juez de la Instrucción es quien debe conocer de la audiencia preliminar, no hay ninguna excepción. Se quiere traer el artículo 78 por los cabellos de un aspecto genérico en el que no estamos de acuerdo. El magistrado Ortega no tiene cargo previo, ni ha participado en ninguna instancia previa tampoco, referirse a ese artículo es un exceso de la defensa”, razonó.
“Evidentemente hay razones, si no conoce el tema, sería un caos en el sistema ordinario porque en las provincias es el mismo juez quien conoce de los llamamientos que conoce de la audiencia preliminar, entonces la justicia se aplicara a ellos solos”, refiriéndose a los imputados del caso Odebrecht.
¿Hay algún temor del Ministerio Público con este caso?, se le preguntó.
“Nosotros lo que queremos es que cada quien asuma su rol y la historia de la República Dominicana que sea el juez”, respondió.
Guerrero Pelletier dio una voz de alerta a la ciudadanía para que este alertar, atenta a la actuación de los imputados y sus abogados en este emblemático caso, recordando que tal cual, expresó el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, “el Ministerio Público no tiene juez favorito”.
También recordó que el Ministerio Público tiene 1,711 pruebas que acompañen el expediente acusatorio de este caso, con las cuales dijo demostrarán los delitos de soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
Se recuerda que el pasado 7 de junio el Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de apertura a juicio de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Tommy Alberto Galán, Conrado Enrique Pitalluga, Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez Martínez.
