Diputados piden a la Procuraduría depurar candidatos a Defensor del Pueblo

Por El Nuevo Diario miércoles 4 de septiembre, 2019

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una comisión de diputados entregó este miércoles al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para su depuración, la lista con los candidatos a Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos.

La lista está compuesta por 62 postulantes, entre ellos 44 que aspiran a ser electos Defensor del Pueblo en sustitución de Zoila Martínez Guante.

Dicha comisión “ha entendido prudente y de rigor hacer la consulta de lugar a la Procuraduría General para determinar la hoja de vida de cada uno de los postulantes”, explicó a la prensa en la sede de la Procuraduría el diputado Plutarco Pérez, presidente de la delegación a cargo de la selección de las ternas para escoger al defensor del Pueblo para el período 2019-2025.

En ese sentido, “hemos venido con los documentos que les servirán de base para que puedan hacer esa consulta, esa investigación, que pueda certificar la buena conducta de cada uno” de los aspirantes, agregó el legislador.

Pérez señaló que la lista también será enviada al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien deberá validar los títulos universitarios de los aspirantes.

“Los que tengan casos pendientes con la Justicia serán excluidos”, afirmó Perez en sus declaraciones a la prensa.

Los resultados de estas indagatorias serán entregados en un plazo de 72 horas, agregó.

Según establece el artículo 192 de la Constitución dominicana, el defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un periodo de seis años, de entre las ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en cargo hasta que sean sustituidos.

El cargo de defensor del Pueblo fue creado en 2001 mediante decreto y luego adquirió rango constitucional en 2010, al ser incorporado en la Carta Magna aprobada ese año, quedando formalmente constituido en 2013 con los citados nombramientos.

Su objetivo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmadas en la Constitución en caso de que serán vulneradas por funcionarios públicos.

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