EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado Rafael Castillo, denunció este jueves que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han obtenido ganancias por $942 millones de pesos con 340 mil cotizantes menos durante la pandemia del coronavirus que impera en el país desde marzo pasado.
Castillo puntualizó que, según los datos que obtuvo de la Tesorería de la Seguridad Social, se establece que desde marzo hasta septiembre de este año, aproximadamente 12 mil empresas y alrededor de 340 mil trabajadores han dejado de cotizar al sistema.
Todas estas ganancias, según apuntó el congresista, se efectúan mientras el Estado subsidia el costo de las pruebas del COVID-19 y los internamientos de los usuarios de la Seguridad Social.
Es por esto que apuntó que, a la fecha, los trabajadores se encuentran fuera de la seguridad social y agregó que aunque «han cotizado» por un largo tiempo, sus familiares no recibirán pensión puesto que, ya que no estaban cotizando, no pagaban el seguro de discapacidad y sobrevivencia.
Castillo calificó la situación como «una catástrofe» para el sistema por lo que exigió al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que se disponga a buscar una solución a la problemática porque, según confirmó, «en un estado de excepción como el causado por el coronavirus, la seguridad social debe hacer su trabajo».
En ese sentido, el legislador expuso que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han ganado $3,400 millones de pesos «en plena pandemia» y responsabilizó al CNSS de la referida problemática.
Es por esto que Castillo aboga, junto a otros diputados, para que la Ley 87-01 de Seguridad Social sea modificada porque la actual «desdice mucho de la original promulgada en el 2001».
El diputado detalló que la modificación más sustancial a la Ley gira en torno a la composición del CNSS, ya que, según dijo, el mismo está integrado por empresarios de las empresas de seguridad social por lo que «ellos son los que rigen e implementan la Ley».
El representante de la circunscripción número dos de Santo Domingo Este afirmó que la Ley 87-01 «es la más importante después de la Constitución» y agregó que con los artículos nuevos que se disponen a añadir se prevén beneficios para los ciudadanos que han perdido por fallecimiento a un familiar y para las madres y menores de edad que reciben pensiones por la muerte de sus esposos y padres.
Aunque con estas iniciativas los diputados se expondrian a enfrentamientos con el sector empresarial y bancario del país, Castillo garantizó que durante las reuniones comitivas «se harán diálogos abiertos y vistas públicas» para elaborar una Ley que beneficie «a toda la población».
Los congresistas que apoyan a Castillo y lo acompañan en su labor entienden que se hace «impostergable» la modificación de la norma, ya que, según argumentaron, «hasta ahora sólo se han hecho parches para beneficiar a las AFP y las ARS mientras los usuarios sufren las consecuencias del mal servicio».
En ese sentido, los diputados concluyeron su discurso indicando que la Ley «ha sido desvirtuada» por los intereses que representa para las empresas que se benefician del sistema y que hacen «insostenible» la economía de los pobladores. Por estas razones reiteraron sus opiniones para reforzar la normativa y modificarla según lo establecido.
