La dirigente de la organización política argentina Tupac Amaru fue considerada «jefa de una asociación ilícita» por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy, que dio este lunes a conocer la sentencia en el juicio «Pibes Villeros», que sigue a la dirigente social y otros 29 imputados.
Según el Comité por la liberación de Milagro Sala, la diputada se enfrentaba, en principio, a «un pedido de prisión de 9 años por parte de la Fiscalía» en la causa por la que se investiga asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado.
El tribunal la considera además coautora de «fraude a la administración pública» y «extorsión en concurso real» y apunta a que se quedó con 60 millones de pesos (unos 1,58 millones de dólares) que debían ser destinados a la construcción de viviendas sociales.
El marido de Sala, Raúl Noro, también fue condenado, así como la diputada provincial Mabel Balconte; la concejal Marcia Sagardía, y una decena de ex integrantes de cooperativas de trabajo que pertenecieron a la organización Tupac Amaru, y a la Red de Organizaciones Sociales.
El Comité por la liberación de Milagro Sala confirmó a Efe que la defensa apelará la sentencia.
La líder de la organización social se encuentra en prisión preventiva desde hace tres años y también está acusada de fraude por la construcción de más viviendas sociales (en la que está involucrado el exgobernador peronista Eduardo Fellner), así como por la que entró en prisión, la del escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009.
El pasado mes, la Corte confirmó la condena a tres años de cárcel por esta última causa, pero la absolvió de la acusación de acordar con un sicario un intento de asesinato a Alberto Esteban Cardozo, de la organización vecinal Tekuré, en unos hechos conocidos como la «balacera de Azopardo».
La diputada del Parlamento de Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria entró en prisión en enero de 2016, cuando la Justicia de Jujuy ordenó detenerla por presunta instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador Gerardo Morales.
El caso despertó la preocupación de la comunidad internacional por la manera en la que la dirigente social fue apresada e incluso el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidió en su día al Estado argentino que la liberase.
«Los negros que tenemos una camioneta y una casa somos corruptos y delincuentes. Por qué no vamos a ver a los hijos de Gerardo Morales o a los funcionarios, que en menos de tres años ya han cambiado cuatros veces de vehículos. Vayan a ver las tierras que se compraron, las casas. Y ahí vamos a ver quiénes son los corruptos», dijo antes de escuchar el veredicto la diputada.
«Así que, queridos periodistas, ustedes son parte de la burocracia y son ustedes los responsables de implementar la Justicia en nuestra provincia», culminó Sala.
Por EFE
