EL NUEVO DIARIO, LIMA.- El secretario general del Despacho Presidencial del presidente peruano Pedro Castillo, Bruno Pacheco, renunció este viernes a su cargo tras días de presión política y mediática en su contra después de que la Procuraduría Anticorrupción pidiera abrir una investigación en su contra por el supuesto delito de tráfico de influencias.
Con esta salida de un personaje público estrechamente vinculado a Castillo en el ejercicio del poder y de alta relevancia institucional, son ya once los funcionarios próximos al mandatario (diez ministros y Pacheco) que han dimitido o fueron destituidos desde que éste asumiera el poder el pasado 28 de julio.
“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, publicó Pacheco en sus redes sociales.
“Mi respeto incondicional al Presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la Secretaría General de Palacio. No seré el ‘pretexto’ de unos y otros para ‘golpear’ al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”, añadió.
ASCENSOS MILITARES
La renuncia de Pacheco se debe a las denuncias que hizo ante la prensa a principios de mes el ex comandante general del Ejército José Vizcarra, quien aseguró que él y el exministro de Defensa Walter Ayala presionaron para que ascendiera de forma irregular a dos coroneles, algo a lo que no accedió.
El general, que fue nombrado por Castillo nada más asumir, fue destituido de su cargo apenas tres meses después sin que se conocieran públicamente los motivos.
Según la Constitución peruana, Castillo puede nombrar libremente a los comandantes de las Fuerzas Armadas sin necesidad de justificar sus decisiones, si bien es algo contrario al protocolo y tradiciones que lo haga por encima del escalafón y las listas de mérito.
Por este caso Ayala ya dimitió la semana pasada, tras haber comparecido ante la comisión de Defensa del Congreso para dar explicaciones por este caso y luego de que el Legislativo aprobara una moción para interpelarlo, algo que finalmente no se produjo por su salida del cargo.
Ayala dimitió con un mensaje en el que, al igual que Pacheco, negó cualquier acto ilícito o fuera de sus competencias y apuntó a la presión política y mediática que busca dañar al Gobierno de Castillo como responsable de la situación.
Sin embargo, la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, inició también la semana pasada una investigación preliminar en contra del exministro por las «presuntas presiones ejercidas» en los ascensos de altos mandos militares.
PRIMERA MINISTRA
La renuncia de Pacheco llega también después de que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, indicara públicamente que funcionarios «cuestionados» deberían «dar un paso al costado», algo que también secundó el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien dijo que si el ex secretario general «estimaba a Castillo», debería dimitir.
Ambos forman parte del sector moderado y cada vez más influyente dentro del Gobierno de Castillo, que llegó al poder de la mano del grupo político de extrema izquierda Perú Libre.
Esta crisis coincide con una ofensiva pública por parte de representantes de la derecha y la extrema derecha peruana para pedir abiertamente la destitución del presidente bajo el pretexto de su supuesta «incapacidad para gobernar» y por generar «inestabilidad» en el país.
El tema fue mencionado primero por el líder del partido ultraderechista Renovación Popular, Rafael López, quien dijo en una entrevista televisiva que habría que destituir al presidente y a la vicepresidenta Dina Boluarte «antes de diciembre», y este jueves adquirió tonos mayores cuando la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, presentó una moción que pide la destitución del gobernante, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio, por «incapacidad moral».
Chirinos, del partido derechista Avanza País, que lidera el economista Hernando de Soto, solicitó a los demás legisladores que «muestren su lealtad al pueblo» y apoyen su propuesta, que necesita de 26 firmas para ser presentada formalmente para su discusión.
No parece que de momento esa iniciativa vaya a prosperar.
