EL NUEVO DIARIO, LIMA.- El Gobierno del presidente interino peruano, Francisco Sagasti, perdió este miércoles a su primer integrante apenas dos semanas después de haber asumido el cargo con la dimisión del ministro del Interior, Rubén Vargas, en medio de una grave crisis institucional en el seno de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Vargas presentó su renuncia, que aún debe ser aceptada por el mandatario pero que se da por hecha, apenas un día antes de que el Ejecutivo que preside Violeta Bermúdez se presente ante el Congreso para recibir el voto de confianza de la cámara.
La dimisión de Vargas se dio, según la carta de renuncia que publican los medios peruanos, para que su presencia no afecte el objetivo de la gestión de Sagasti, es decir, «garantizar la transición democrática hacia el nuevo Gobierno» que surja de las urnas el próximo 11 de abril.
REFORMA
Vargas asumió el cargo con la tarea urgente de resolver las responsabilidades en la represión policial durante las protestas contra el efímero Gobierno de Manuel Merino (9-15 noviembre) que dejó dos jóvenes muertos, Inti Sotelo y Bryan Pintado.
En este camino, Vargas destituyó a la cúpula de la Policía Nacional del Perú (PNP) y nombró a un nuevo general, César Cervantes, al frente del cuerpo.
Cervantes reemplaza al general Orlando Velasco, que es investigado, al igual que otras exautoridades incluido el expresidente Merino, por los cargos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad investigados por la Fiscalía.
Junto con este reemplazo, Sagasti creó una comisión dirigida por Vargas e integrada por la sociedad civil para modernizar a la Policía Nacional en la defensa de los derechos ciudadanos y para fortalecer el orden interno.
También estableció que sean funcionarios civiles quienes controlen ahora las compras y gestiones financieras del cuerpo.
El pasado 17 de noviembre, el legislador Francisco Sagasti, del Partido Morado, de tendencia centro-liberal, asumió la Presidencia de Perú tras la dimisión de Merino en medio de una grave crisis política y social que llevó a masivas protestas ciudadanas.
Merino asumió después de que el exmandatario Martín Vizcarra fuera destituido por el pleno del Congreso bajo la acusación de «incapacidad moral».
RETIRO FORZOSO
El nombramiento de Cervantes, sin embargo, forzó el pase a retiro de otros 18 oficiales de mayor antigüedad, lo que desató una ola de críticas tanto dentro como fuera de la fuerza.
Esas críticas denuncian que Vargas, que defendió en todo momento la constitucionalidad de su decisión, se saltó varias leyes que regulan los ascensos en las fuerzas del orden y dañó la institucionalidad y la moral de la PNP, ya bajo fuertes críticas por sus acciones durante la represión.
A las críticas se sumaron un goteo de renuncias y dimisiones de altos cargos del cuerpo, entre ellos el subcomandante Jorge Lam, y el inspector general de la Policía, Herly Rojas, el segundo y tercer rango en importancia dentro de la organización.
También dimitió el sustituto de Lam, Edgardo Garrido López, quien adujo motivos «estrictamente personales» y los directores de la Oficina General de Seguridad y Defensa Nacional, y el director de la Dirección de Control de Drogas y Cultivos Ilegales, quienes expresaron su rechazo al nombramiento de Cervantes.
El director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y el director general de la Dirección General Contra el Crimen Organizado también dimitieron por los mismos motivos.
De forma paralela a estos anuncios, se han difundido insistentes rumores sobre una inminente huelga policial en protesta por estos hechos.
POLÍTICA
Particularmente duras han sido las críticas por parte de los partidos que impulsaron en el Congreso la destitución de Martín Vizcarra y el ascenso de Merino al poder y quienes hicieron saber que si Vargas se presentaba como parte del Ejecutivo en la votación de confianza esta semana, eso no sería bien recibido por los diputados.
«Somos conscientes de que las medidas implementadas, a pesar de su absoluta legalidad y urgente necesidad, han afectado el ánimo de algunos sectores políticos, poniendo en riesgo el camino trazado», reconoció Vargas en su carta de dimisión, lo que parece un reconocimiento explícito de que no quiere complicar la gestión de Sagasti.
Precisamente, el pasado domingo el jefe de Estado declaró que entiende «la insatisfacción de aquellos oficiales que han sido retirados», pero criticó que estén haciendo llamados a una huelga policial porque esto ahonda los reclamos de la ciudadanía contra la institución.
En ese sentido, Sagasti señaló que algunos de los oficiales que pasaron a retiro forzoso tienen denuncias por presunta corrupción o están implicados en la violenta represión de la marcha del pasado 14 de noviembre, convocada por jóvenes en rechazo al Gobierno de Merino.
Sagasti ha pedido a los policías en desacuerdo con los cambios «que acepten la situación, pero de ninguna forma traten de crear una situación de zozobra».
