EL NUEVO DIARIO, GUATEMALA.- La Fiscalía de Guatemala detuvo este viernes a tres personas, entre ellas un viceministro de la cartera de Interior, por su supuesta vinculación con el asesinato de un sindicalista en el 2012.
La Fiscalía de Derechos Humanos indicó que, en seguimiento a la investigación de la muerte del sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal Manuel de Jesús Ramírez, ocurrida en junio de 2012, se coordinó la detención de tres personas.
Estas fueron identificadas como el viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación, Remberto Leonel Ruíz Barrientos, por el delito de asesinato, y Marvin René Donis Orellana y Fermín Iván Ortiz Maquin por el delito de conspiración para asesinato.
Asimismo, personal de esa fiscalía realiza un allanamiento en el Instituto de la Defensa Pública Penal con la finalidad de «secuestrar información relacionada al proceso».
«Debido a que el caso se encuentra bajo reserva no es posible brindar más información al respecto», aseguró el Ministerio Público en un escueto comunicado sobre este causa, que está a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo E.
Después de conocerse esta detención, el Ministerio dijo que forma parte de «un proceso penal» que es «personal», que «no tiene relación alguna» con su cargo actual e insistió en la «presunción de inocencia» que tiene cualquier ciudadano hasta que se demuestre lo contrario.
El homicidio de Ramírez, según había indicado en su momento el Movimiento Sindical, Indígena y campesino guatemalteco, ocurrió el 1 de junio de 2012, cuando era secretario de Trabajo y Conflictos y fundador del Sindicato de Trabajadores de apoyo técnico y administrativo del Instituto de la defensa pública penal.
«El asesinato fue ejecutado por hombres fuertemente armados mientras el compañero salía de su casa de habitación con el objeto de firmar un memorial dentro del proceso iniciado por el sindicado» para combatir «la contratación atípica en el Instituto de la Defensa Publica Penal».
El movimiento denunció en ese momento que el sindicalista era víctima una «una persecución penal auspiciada por el Instituto de la Defensa Publica Penal a través de uno de sus empleados de confianza, su jefe de Seguridad», al que no identificaba.
