EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El deterioro de los derechos humanos en Venezuela cerró hoy las audiencias en Santo Domingo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llamó a atender la situación de los venezolanos que han tenido que emigra a causa de la crisis política y social en esa nación.
En una de las audiencias, representantes de la sociedad civil advirtieron de que más venezolanos podrían abandonar su país tras las elecciones del 20 de mayo próximo y citaron datos de instituciones académicas de esa nación que prevén que la migración alcance los 3 millones de personas a finales de 2018.
También citaron datos de Acnur que indican que las solicitudes de de refugio de incrementaron en un 200 % entre 2014 y el primer trimestre de este año; y de la OIM que indica un aumento de migrantes del orden de un 900 % entre 2015 y 2017.
«Actualmente están saliendo cerca de 5.000 personas por día solo por los puntos fronterizos de Brasil y Colombia» aseguró Ligia Bolívar, del Centro de derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, donde, afirmó, «ya no hay Estado».
Ante la situación que viven venezolanos en el exterior, los representantes de la sociedad civil pidieron a la CIDH continuar instando a los Estados a trabajar en la adopción de respuestas regionales de la migración forzada de venezolanos.
En una solicitud leída por Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la delegación de la sociedad civil también pidió a los Estados miembros de la CIDH flexibilizar sus pedidos de documentos a los venezolanos al momento de su regularización ya que los mismos son de difícil emisión por parte de las autoridades de esa nación.
La migración forzada venezolana «necesita una respuesta regional», dijo el comisionado Francisco José Eguiguren, mientras que su colega Luis Ernesto Vargas calificó la situación de «dramática» y expresó preocupación por el hecho de que venezolanas estén siendo objeto de trata de personas.
En otra sesión, representantes de la sociedad civil de Venezuela denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, una práctica utilizada «como herramienta de represión y persecución política», lo que fue rechazado por el Estado venezolano, quien a través del general Edgar Rojas, presidente de la Corte Marcial, afirmó que dentro de la justicia militar «se garantiza el debido proceso y los derechos humanos».
Por su lado, el comisionado Eguiguren subrayó que «en tiempo de paz los civiles no pueden ser sometidos a tribunales militares, no hay discusión».
En otra sesión se denunció el hostigamiento contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación en Venezuela, donde, según las denuncias, 25 medios de comunicación se han visto afectados este año por falta de papel, bloqueos a sitios web o ataques informáticos a sus plataformas.
En ese sentido, el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza señaló «patrones de persecución contra empleados públicos por expresarse» y criticó la censura a periodistas
En otro orden, en declaraciones a periodistas, Esmeralda Arosemena, primera vicepresidenta de la CIDH, exhortó a Venezuela a respetar todas las posiciones y derechos de las personas en el país caribeño en el marco del proceso electoral que vive esa nación de cara a las elecciones de este mes.
En otra audiencia, la sociedad civil denunció que Latinoamérica presenta retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos «por pasión de grupos conservadores y grupos antiderechos», mientras que en otra se examinó el tema de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad en América.
La CIDH concluyó hoy una semana de audiencias en el marco de su 168 periodo de sesiones, cuya agenda incluye casos de Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
El organismo no evaluó casos de República Dominicana por ser el país anfitrión, pero el miércoles convocó una reunión al margen con representantes de la sociedad civil, encuentro que fue frustrado por personas identificadas como «nacionalistas» opuestas a que se hablara del tema de los descendientes de haitianos, situación que fue lamentada por representantes de la CIDH.
