EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –La encargada de comuniación de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB), Marlen Suero, informó este miércoles que dicha institución ha pagado el alquiler de casas de 50 de igual número de personas que fueron afectadas por la tormenta Laura el año pasado, en convenio con el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) mientras se busca un lugar donde ubicarlas.
«¡Nunca visto en la historia! Desde agosto hasta enero, la Comisión en convenio con el INVI, ha asumido el pago del alquier de viviendas de 50 a personas que perdieron sus hogares tras el paso de la tormenta Laura, hasta tanto no se busque un lugar donde sean posicianadas», indicó Suero durante una visita de cortesía al director del periódico El Nuevo Diario, Persio Maldonado.
De derecha a izquierda: Marlen Suero, encargada de comunicación CPADB, Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, María Tejeda, asistente de comunicación CPADB y Letticia Feliz, redactora de este periódico.
La Comisión, que tiene como objetivo ayudar los extractos sociales menos favorecidos de la sociedad, ayudándolos con servicios de asistencia social, desarrollo barrial, pagos de medicinas, construcciones de viviendas, entre otras necesidades, también les llevó alimentos a través de los Comedores Económicos y les suministró todos los electrodomésticos a esos ciudadanos que perdieron todo luego el fenómeno atmosférico, precisó Marlen Suero.
En otro orden, explicó que la CPADB tiene asignado una serie de líderes comunitarios residentes en los diferentes barrios que se encargan de informales de las necesidades que tiene el sector y los habitantes en el mismo, para entonces ir a llevarles las soluciones.
“En cada barrio del Distrito Nacional, Santiago y San Francisco de Macorís tenemos un enlace barrial que nos presentan los problemas de su comunidad e inmediatamente un equipo se traslada al lugar y busca las soluciones”, sostuvo.
Encargada de la CPADB, Marlen Suero.
En ese sentido, la funcionaria exhortó a todos los ciudadanos a que siempre que tengan alguna problemática lleven sus solicitudes a la Comisión o se acerquen a uno de los líderes comunitarios designados.
“Quiero que todos sepan que tienen una institución cercana y que está en la disposición siempre de ayudarles cuando tengan situaciones difíciles. Vayan a la institución, preséntenos sus problemas, que juntos les encontraremos una salida”, expresó.
Asimismo, agregó que la entidad aspira a poder tener más presupuesto para poder llegar a todas las provincias del país, ahora junto a la fusión en proceso que harán con Procomunidad, entidad que busca contribuir a la reducción de la pobreza.
Por otra parte, Suero y María Tejeda, asistente de comunciación, expresaron que al director de la entidad, Rolfi Rojas, le preocupa no solo que los ciudadanos tengan una vivienda digna y alimentación, sino también educación, por lo que la Comisión está sosteniendo conversaciones con el Instituto Duartiano para llegar a un convenio de realizar talleres con los jóvenes de los barrios donde se les hable de los ideales del patricio Juan Pablo Duarte.
Sobre la Comisión
La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial fue creada mediante el decreto No. 311-97, de fecha 16 Julio de 1997, por el presidente de la República doctor Leonel Fernández Reyna, con la finalidad de fomentar el desarrollo y crear mecanismos llamados a dar respuestas a múltiples demandas sociales provenientes de los barrios del Distrito Nacional y las Provincias Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís.
Posteriormente, mediante el decreto No. 1251-04 d/f 22 de septiembre del año 2004, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial fue adscrita al Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno Dominicano.
La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, organismo creado mediante el Decreto 311-97, en el año 1997, con la finalidad de a) Contribuir con los habitantes y sus organizaciones en la evaluación y priorización de sus necesidades económicas y sociales, a través del diseño e implementación de procedimientos participativos de manera que contribuyan a agilizar la formulación e implementación de soluciones a esas necesidades por parte del Gobierno Central.
