Descentralización y políticas públicas

Por Pablo Vicente martes 12 de junio, 2018

La descentralización constituye la oportunidad para que las administraciones locales diseñen políticas públicas acordes a las necesidades reales de sus moradores, y para que establezcan relaciones coordinadas entre los diversos ámbitos de gobierno y por lo tanto procuren el fortalecimiento de la gobernanza local.

Cuando hablamos de descentralización hablamos de un proceso multidimensional que tiene dinámicas políticas, fiscales y administrativas. En términos generales, y como lo explica Finot (2001), se define como un proceso de trasferencia organizada y ordenada del gobierno nacional o central a otra autoridad o institución subnacional o local, con atribuciones gerenciales y capacidades para administrar recursos humanos, económicos y financieros regionales, departamentales o municipales, con el fin de mejorar la eficiencia del Estado en cuanto a la redistribución social, con programas que enfrenten la pobreza, aumenten la participación ciudadana y reduzcan la corrupción; en definitiva, tiene el propósito de lograr mayor gobernabilidad democrática.

Asumir un proceso de descentralización implicar el cumplimiento de metas nacionales, muchos países han acogido la Agenda 2030 como una prioridad nacional. Por ello, actualmente se impulsan proceso de  transversalizacion de  la política pública a través de ejercicios de alineamiento utilizando entre otros, Planes  estratégico con énfasis en la planificación nacional y regional, con ello se busca articular políticas, estrategias, programas y proyectos según las prioridades nacionales y potenciando la participación de las autoridades y sobre todo del tejido social.

Desde esa perspectiva, en el marco del desarrollo de la política pública, el desarrollo local emerge como la manera más adecuada de fomentar la realización plena de los derechos de los ciudadanos.

En ese escenario el municipio se transforma en el primer ámbito de relación entre el ciudadano y los servicios, entre los ciudadanos y las autoridades; entre el ciudadano y el Estado. Las autoridades locales son el ámbito primario de actuación del poder, en el marco de la estructura sociopolítica del país. Al mismo tiempo, el municipio se convierte en el actor privilegiado para modular las intervenciones orientadas hacia el cierre de las brechas. Por lo tanto, si en ese escenario no se registra una adecuada relación ciudadanía-estado-participación-desarrollo, se reduce el fortalecimiento de la democracia y los derechos de la población.

El acercamiento del Estado a las comunidades, vía el municipio, representa un beneficio directo para la ciudadanía, que cada vez más conoce, reconoce, demanda y defiende sus derechos a través de mecanismos democráticos de control social.

El proceso de descentralización tiene como ejes relevantes la sostenibilidad democrática, la transparencia de la gestión pública, el uso adecuado de los recursos públicos y la eficiencia del aparato político y administrativo del Estado.

En este sentido, la descentralización se orienta a mejorar la planeación local, para solucionar las necesidades reales de las poblaciones, buscando la corresponsabilidad de la sociedad civil con una participación dirigida tanto a apoyar las decisiones de los gobiernos en programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida, como a la elaboración de propuestas para perfeccionarlos. Por ende, es necesario que los gobiernos estatales y  municipales le den a la descentralización el peso que tiene en la planeación y diseño de políticas públicas con la colaboración social, lo que sólo se logra manejando relaciones intergubernamentales que permitan una acción coordinada.

Para alcanzar una gestión pública eficiente en el ámbito local, la descentralización transparente, acompañada del fortalecimiento de la participación ciudadana es un hito importante. Es decir, descentralizar la política pública permite fortalecer la dimensión provincial, municipal y local que es donde se observan y sitúan las brechas que facilitarán el cumplimiento de los planes nacionales y desde luego el cumplimiento de la agenda 2030.

El autor es Dominicano, Abogado. Gestor Social. Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD)

Por Pablo Vicente

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