Dentro de los Derechos Económicos y Sociales de nuestra Constitución Dominicana, tenemos el Articulo 50.- Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.
Para fines de este articulo y por la realidad social, política y económica que está pasando el país en este momento lo enfocaremos bajo el enfoque de las microfinanzas.
Los primeros fueron los cuáqueros, en el siglo XVII. Se excluyeron del mercado de la esclavitud, que en ese momento estaba muy floreciente en Inglaterra y América del Norte, porque iba en contra de su ética. Luego, un siglo después, John Wesley, el fundador del Metodismo, llegó para prohibir el uso de su propio dinero para aquellas actividades que «dañan la salud del cuerpo o la mente».
Y de nuevo: doscientos años después, en 1928, fue el turno del Pioneer Fund en Boston. Aprovechando la prohibición, fue el primer fondo mutuo ético para evitar inversiones en los sectores del alcohol, el tabaco y los juegos de azar.
Sin embargo, tenemos que esperar hasta la década de 1960 para que la gente en los Estados Unidos comience a cuestionarse cómo se administran sus inversiones. Hacer preguntas incómodas a los grandes nombres de las finanzas. Tomar el camino del boicot. Es la época de la guerra de Vietnam y de los movimientos de protesta feminista y estudiantil.
En Europa, en cambio, comenzamos a hablar de inversiones sostenibles y responsables en los años ochenta. En 1984, concretamente, con el nacimiento del Stewardship Fund, puesto en marcha por la mutua inglesa Friend Provident. Es el primer fondo de inversión ética del Reino Unido, creado para apoyar a las empresas con un impacto positivo en la sociedad y animarlas a comportarse de manera más ética y responsable.
Las finanzas sostenibles han sido, y siguen siendo, un sector en constante evolución. Al principio, fue el criterio negativo de exclusión – de sectores enteros o de empresas individuales que operan en áreas controvertidas – el factor discriminatorio con respecto a una idea de financiación basada únicamente en el beneficio. Hoy, sin embargo, este ya no es el caso. De hecho, a partir de los años 90, empezó a aplicarse lo contrario. El criterio positivo de inclusión también juega un papel en las inversiones. Esencialmente, las empresas más activas en términos de sostenibilidad han comenzado a ser recompensadas. De protección del medio ambiente pero no solo. Y, poco a poco, se ha ido entendiendo que los proyectos de desarrollo sostenible no son solo un acto de generosidad desinteresada hacia el mundo, sino que muy a menudo pueden convertirse ellos mismos en un motor de crecimiento económico. En un mercado, el de las inversiones sostenibles, que tiene su peso: al cierre de 2018 alcanzó los 30,7 billones de dólares en el mundo, un 34% más que en 2016 (fuente: GSIA-Global Sustainable Investment Alliance).
Cuando hablamos de finanzas sostenibles, no nos referimos únicamente a inversiones en valores de empresas que están atentas a la protección del medio ambiente. La contaminación, las emisiones de C02, la descarbonización son problemas en la agenda, por supuesto. Pero no son los únicos. Por este motivo, para evaluar la sostenibilidad financiera de una empresa, hoy en día se tienen en cuenta factores ESG. Este es el acrónimo de aquellos criterios sociales, ambientales y de gobernanza (del inglés Environment, Society and Governance) que dicen, en conjunto, cuánto está comprometida una empresa con la mejora del mundo y las condiciones – laborales pero no solo – de quien vive allí. Aquí, por ejemplo, se evalúan las opciones concretas de una sociedad en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global (Medio Ambiente). Y su posición respecto a las condiciones laborales de los empleados, la igualdad de género, las relaciones con el territorio y con las comunidades locales (Social). Para tener una idea más completa de los proyectos sostenibles de la compañía, también se tiene en cuenta su gobernanza: el nivel de transparencia y equidad en las distintas decisiones, por ejemplo. O los sueldos de los directivos, el comportamiento de la alta dirección con respecto a la ética y los vínculos con la política.
Que ser sostenible, para una empresa, es positivo desde el punto de vista ético es ya un hecho establecido. Pero, a fin de cuentas, económicamente, ¿vale la pena? En el pasado, de hecho, se creía ampliamente que la atención a la sostenibilidad representaba un costo para una empresa. Una creencia, sin embargo, negada por los números. Como se desprende del análisis realizado en 2015 por la Universidad de Hamburgo en colaboración con Deutsche Asset & Wealth Management y titulado «ESG y desempeño financiero: evidencia agregada de más de 2000 estudios empíricos», las empresas que se toman en serio los aspectos ESG están en generalmente mejor administrado, más sostenible y orientado al futuro. Datos en mano, en el 90 por ciento de las investigaciones -más de 2.000 de las consideradas, desde los años setenta hasta la actualidad- existe una relación no negativa entre la atención a los criterios ESG y el desempeño financiero de la empresa. De hecho, en la mayoría de los casos, incluso positivo con respecto a un enfoque que no tiene en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza.
Por Pablo Ulloa