Denuncian amenazas contra los magistrados que juzgarán a Lula por corrupción

Por El Nuevo Diario lunes 15 de enero, 2018

EL NUEVO DIARIO, SAO PAULO.- La Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe) denunció hoy “amenazas” contra los magistrados del tribunal de segunda instancia que el próximo 24 de enero juzgarán al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en un caso de corrupción por el que ya fue condenado a nueve años y medio de prisión.

El presidente de la asociación, Roberto Veloso, manifestó su preocupación con la “seguridad” de los jueces del Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, que decidirán si ratifican o no la sentencia contra el exmandatario (2003-2010).

De acuerdo con Veloso, citado en un comunicado de Ajufe y entrevistado por medios, una serie de “amenazas”, algunas incluso contra la integridad física de los magistrados, están siendo publicadas en Internet.

La agrupación solicitó además en un oficio entregado al Ministerio de Justicia y al Consejo Nacional de Justicia que se tomen “todas las providencias posibles” y se apure el origen de las manifestaciones convocadas para el día del pleito en Porto Alegre.

“Si el patrimonio público está amenazado es preciso que los órganos de seguridad pública, tanto federal como estatal, tomen las medidas para garantizar que sea preservado. Segundo, está la cuestión de seguridad de los magistrados porque Ajufe defiende y defenderá siempre la independencia de los jueces”, apuntó Veloso.

Para el día 24, hay convocadas en Porto Alegre manifestaciones a favor y en contra del líder del Partido de los Trabajadores (PT), que acumula un total de siete procesos abiertos con la Justicia, la mayoría relacionados con la trama de corrupción destapada en la petrolera estatal Petrobras.

En esta causa, los tres magistrados de la octava sala del TRF4, que han tramitado el recurso en un tiempo récord, serán los encargados de analizar la sentencia emitida en julio del año pasado por el juez Sergio Moro, de primera instancia, que condenó a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Moro dio por comprobado entonces que la constructora OAS, implicada en la red corrupta, entregó al expresidente un tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en contratos con Petrobras.

El juicio se presenta como decisivo ya que en caso de una ratificación o incluso un aumento de la pena, la candidatura para las elecciones de 2018 de Lula, quien ha manifestado su deseo de presentarse a esos comicios y además aparece como líder en todos los sondeos, podría ser anulada.

Por otro lado, el juez Carlos Eduardo Thompson, presidente del TRF4, se reunió hoy en Brasilia con la presidenta de la Corte Suprema y del Consejo Nacional de Justicia, Carmen Lucia Antunes; y con la fiscal general, Raquel Dodge, para discutir precisamente el dispositivo de seguridad para el día 24.

Esos encuentros no han sido bien acogidos por el PT, que ha criticado el “inusitado movimiento” del magistrado por la capital brasileña y afirmado que se trata de “una clara tentativa de agitar el ambiente” en torno al juicio contra Lula, quien fundó la formación socialista en 1980.

Para la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, Thompson “intenta crear una cortina de humo para desviar a la opinión pública de la cuestión fundamental: no hay pruebas para mantener la condena de Lula”, según expresó en una nota.

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