Dejemos el oscurantismo: la mujer es el 50% de la población y es nuestro deber protegerlas

Por Humberto Salazar miércoles 12 de julio, 2017

Pongámonos dentro del cuadro de una mujer pobre que llega a la emergencia de una maternidad u hospital público con un sangrado producto de un aborto espontáneo, cae en manos de un médico que en base a lo que aprendió en los libros sabe tiene que actuar para salvarle la vida.

Solo que si se hubiera aprobado el nuevo código penal tal como fue presentado en la cámara de diputados en el día de ayer, todo el conocimiento adquirido por los médicos, y por lo tanto las decisiones que tomaran sobre un tema como este, podrían caer dentro del ámbito de las decisiones judiciales.

Porque si está totalmente y expresamente prohibida la acción de intervenir a una mujer en estado de gestación para desalojar un embarazo con problemas que podría llevarla a perder la vida, habría que preguntarse siempre quien sería entonces la figura que certificaría finalmente acerca de la legalidad del profesional de la salud.

En este caso evidentemente tendría que ser un juez, a donde podrían llegar miles de casos como este, ya que el famoso código judicializa una decisión que han tomado los médicos teniendo como base el conocimiento científico, solo que algunos genios dominicanos han tomado este tema como bandera de lucha política sin importarles los perjuicios que provocarían a la sociedad como un todo.

Creemos que en este caso el Senado de la República actuó cargado de buenas intenciones, nadie duda de que el Código Penal de la República Dominicana es anticuado y desfasado, solo que incluirnos expresamente dentro de los 5 únicos países en todo el mundo donde expresamente se les ata las manos a los médicos para intervenir en caso de peligro de vida de una paciente, no se compadece con el Estado Social y de Derecho que dice nuestra Constitución existe en el país.

Mantener la penalización del ejercicio de los profesionales de la salud, quienes se verían en el peligro constante de ser llevados a las barras de un tribunal como acusados, y no solamente la responsabilidad individual de cada uno de los que tengan que intervenir en casos como el que describimos, sino también la amenaza contra los centros de salud donde esto es el ¨pan de cada día¨, es inadmisible y atenta contra los derechos de las mujeres dominicanas.

Porque esto se trata del derecho humano fundamental que es la vida, pero la vida de las mujeres dominicanas que son el 50% de nuestra población, a las que se les quiere condenar, como si vivieran en la Edad Media en una sociedad dominada por el oscurantismo, a que cada embarazo constituya un peligro real para su sobre-vivencia, ya que en caso de una complicación grave, por lo menos habría que buscar el consentimiento de un juez para que un médico pueda tomar una decisión sobre su cuerpo.

Porque ¿y quién se va a atrever a ponerle la mano a una paciente, y hablamos de todo el equipo de salud que debe intervenir, cuando cualquier familiar, en caso de que entre en vigencia el código penal tal como fue aprobado y correctamente observado por el Poder Ejecutivo, podría ir con un abogado a poner una querella en contra de un médico por haber realizado un legrado?.

No entendemos como es posible que nadie se detenga a discutir las amplias posibilidades judiciales que se abren en contra de quienes, aplicando los conocimientos científicos adquiridos, tomen decisiones en estos casos que son ampliamente conocidas desde hace muchos años, solo que ¿quién o quiénes son los que deciden que los profesionales de la salud, en caso de que haya que desalojar un embrión que ponga en peligro la vida de la madre, actuó correctamente?.

La respuesta es que sería un juez o grupo de jueces que nunca en su vida han tenido que tomar decisiones como esta.

Es muy fácil sentarte en un escritorio y decidir sobre la vida de los demás y tratar este tema con un fanatismo religioso como si viviéramos en la época de la inquisición, donde quemaban a los que se oponían a lo que se consideraba era una verdad absoluta, solo que esos oscuros momentos de la historia quedaron detrás hace muchos siglos y fueron enterrados definitivamente por la ciencia y el conocimiento.

Esto es un tema de salud y de derechos, en el primero de los casos vivimos en un país con altos índices de muerte materna, uno de los indicadores claves para el diagnostico de calidad en prestación de servicios sanitarios, cifras que se dispararían si dejamos que la religión y los radicales, la mayor parte de ellos haciendo uso de una conducta hipócrita y risible en un país donde todos nos conocemos, sean los que decidan sobre la vida de las mujeres dominicanas en sustitución de los que estudiaron para tratar temas como estos.

Y también es sería un serio problema de derechos humanos, de agresión innecesaria en contra de las mujeres de este país, el que sin ningún tipo de base científica, solo prevalidos de una supuesta creencia religiosa, que la mayoría de los que la sostienen no pueden mostrarla con su conducta diaria, se ponga en peligro, y por lo tanto se violen los derechos fundamentales, de las mujeres dominicanas.

Son los médicos quienes tienen que decidir tomando en cuenta una serie de factores claramente definidos en la ciencia obstetricia, cuando un embarazo es viable y con el diagnostico en la mano plantear el caso a la paciente que se puso en sus manos y asumir la conducta propia de cada caso, y esto afecta muy especialmente a las familias de menores recursos del país, a las que el estado tiene la obligación de proteger.

En el caso de las malformaciones congénitas, son tantos los medios diagnostico, los procedimientos invasivos y no invasivos, los equipos y las pruebas que se pueden realizar para determinar si un feto tiene una patología intrauterina que le impedirá desarrollarse como ser humano después del nacimiento, que es risible por lo ridículo la posición que tienen un grupo de ignorantes sobre este tema.

Y habría que preguntarle a los que defienden la posición de que una familia cargue con el peso sicológico y social de mantener a una criatura producto de una violación, es decir un delito, que podría también tratarse de un incesto, y haga de cuentas que no pasó nada, negándosele el derecho de por lo menos tratar de dejar atrás un episodio tan doloroso como este para una mujer, si ellos estarían dispuestos a no actuar en caso de que la vida les depare un trance como este.

Solo en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República Dominicana, es el grupo de países donde está prohibido el aborto sin excepciones, con excepción de nuestro país son los mas pobres e ignorantes de todo el hemisferio, fuera de estos el otro es El Vaticano, que es también un estado, pero donde se supone que no hay maternidades porque ahí las mujeres no se empreñan.

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