Defensor del Pueblo mexicano señala fracaso del Estado en seguridad pública

Por EFE lunes 26 de febrero, 2018

EL NUEVO DIARIO, México.- La inseguridad, la violencia y la impunidad que se viven con especial gravedad en algunas regiones de México, son expresión clara de que el Estado ha fracasado en su función básica de proteger la vida, la integridad y los bienes de los habitantes, dijo este lunes el ombudsman nacional (Defensor del Pueblo), Luis Raúl González.

González y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, encabezaron en la capital mexicana la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que la inseguridad pública no es consecuencia de bajos presupuestos, sino de decisiones equivocadas.

Destacó que las acciones emprendidas y los cuantiosos recursos destinados para atender ese problema no han encontrado la solución en una década, lo que implica violación a los derechos o la posibilidad de que tales vulneraciones se presenten.

“Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, declaró el ombudsman, y añadió: “La violencia no reducirá la violencia”.

Subrayó que sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello es mentira y excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente a una realidad que desafía y confronta.

México, dijo, requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado democrático de derecho, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación de la ley.

“Una seguridad que se construye desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de la misma”, abundó.

Asimismo, enfatizó que los recursos que desde 1996 se han destinado a la seguridad superan el millón de millones de pesos (53.533 millones de dólares), mientras que los resultados no son siquiera aceptables.

“Lo anterior -apuntó ante las personas reunidas en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM- es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”.

Señaló que recurrir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha ocasionado el abandono de las policías, y destacó que los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) crecieron 400 % entre 2007 y 2014 y el número de efectivos militares desplegados aumentó 70 % entre 2007 y 2013.

Mientras tanto, añadió, la formación profesional, real y verificable de las policías civiles, así como la dotación de recursos, no presentaron esas tasas de crecimiento.

Tras mencionar que el gasto federal en seguridad pasó de aproximadamente 130.000 millones de pesos (6.959 millones de dólares) en 2006 a casi 264.000 millones de pesos (14.133 millones de dólares) en 2016, refirió que persiste la necesidad urgente de hacer frente y abatir la impunidad y la corrupción.

Puntualizó que la respuesta a la violencia e inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, ni en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley.

“Nuestro país no podrá contar con la institucionalidad fuerte y legitimidad social que se requiere si cada seis años reinventamos la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y eficacia en el servicio”, puntualizó.

Anuncios
Apple Store Google Play
Continuar