EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El equipo de abogados que constituyen la defensa de, Andrés Bautista García, manifestaron este miércoles que la resolución núm. 2997-2019 emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), violenta los derechos de su defendido.
Dicha resolución fue dictada el 15 de agosto del año en curso por el presidente de la SCJ, magistrado Luis Henry Molina, la cual consiste en el rechazo del recurso interpuesto por Bautista García, en la que acusaba al Tribunal de una interpretación errónea de los artículos 59, 303 y 305 del Código procesal Penal en perjuicio de su persona.
La resolución establece que el incidente examinado no atacó la competencia territorial (aspecto que recoge el artículo 59 del CPP), sino la competencia de la persona, si esta debe ser juzgada en jurisdicción especial u ordinaria.
Asimismo, explicó que la etapa de preparación de los debates no está considerada como un espacio para atacar aspectos que busquen anular el dictado del envío a juicio o relativos al fondo del proceso.
Finalmente, la resolución reafirma que lo decidido por el juez de la instrucción en el auto de apertura a juicio, en cuanto a la fijación de hechos o admisión de pruebas o partes, escapa a las facultades de la presidencia del tribunal, quedando solo el espacio del juicio para poder ser atacados.
Sin embargo, la barra de la defensa de Andrés Bautista sostiene que la interpretación que hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia es restrictiva pues limita la figura del presidente del tribunal del juicio, que es un segundo filtro previo al juicio y que como juez constitucional puede siempre revisar las violaciones flagrantes de índole constitucional que le sean denunciadas y tutelar con efectividad los derechos fundamentales.
Indicaron , además, que previo al inicio del juicio procederán a exponer la nulidad del proceso por haberse dictado auto de apertura a juicio en contra de Andrés Bautista por un juez incompetente, y en todo caso, la exclusión de pruebas que no fue en ningún momento contestada por el magistrado Ortega Polanco.
