El Nuevo Diario, San Salvador.– La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la convocatoria hecha por el presidente Nayib Bukele a los diputados del Congreso el pasado 9 de febrero para la discusión de un préstamo para seguridad, según una resolución emitida este martes.
Dicha convocatoria, que según el mandatario fue un acuerdo del Consejo de Ministros, terminó en la irrupción de Bukele a la sala de sesiones del Parlamento acompañado por un grupo de policías antidisturbios y militares armados con fusiles de asalto para simular el inicio de una sesión y ocupar el asiento del presidente de ese órgano para supuestamente orar.
Afuera de la sede del Congreso, bajo presencia de las fuerzas de seguridad, cientos de sus seguidores que gritaban «¡insurrección, insurrección, insurrección!», esperaban a Bukele.
«La Sala de lo Constitucional declara la inconstitucionalidad en el punto 4 del acuerdo emitido por el Consejo de Ministros (…) mediante el cual se acordó por unanimidad convocar a la Asamblea Legislativa a que llevara a cabo una sesión extraordinaria a las 15 horas del 9 de febrero de 2020», indicó el Supremo en su resolución.
Señaló que la decisión se tomó con base en tres razones. La primera, es que el acuerdo de convocatoria no encaja con el artículo 167, numeral 7 de la Constitución, «pues el tema de la aprobación de préstamo para seguridad ya estaba en agenda del Congreso y se había iniciado su discusión».
La segunda, es que el Consejo de Ministros no justificó «la urgencia de la aprobación del préstamo y la relación existente entre su aprobación y la disminución inmediata de la delincuencia organizada», por lo tanto no se veía necesaria una sesión extraordinaria.
Lo tercero, de acuerdo con dicha entidad, es que «el acuerdo de convocatoria incidía en las competencias de la Asamblea Legislativa, pues los diputados podían atender y seccionar, pero no estaban obligados a tomar una decisión final».
El Supremo ordenó al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, «no ejercer funciones ni actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados, pues tienen el deber y obligación de cumplir solo las funciones que la Constitución les atribuye».
La acción de Bukele prendió las alarmas internacionales, por lo que diversas instancias pidieron respetar la democracia en el país y el Tribunal Supremo ordenó al mandatario no utilizar al Ejército para fines distintos a los establecidos en la Constitución.
Bukele admitió, más de un mes después de lo sucedido, que se trató de «una forma de presión» contra el Parlamento, con el que se encontraba enfrentado por la falta de aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para sus planes de seguridad.
Para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial el Gobierno de El Salvador adquirió un préstamo por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual debía ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en el Parlamento.
El dinero, que fue aprobado por el BCIE en octubre de 2019, tendría como finalidad modernizar y fortalecer a la Policía y al Ministerio de Defensa para brindar servicios de seguridad ciudadana en los territorios más vulnerables de El Salvador.
Sin embargo, los diputados de los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que juntos suman 60 votos, aseguraron, en su momento, que el Ejecutivo especificaba en qué concretamente serían ocupados los fondos.
