La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, sigue teniendo la atención de los ciudadanos y ciudadanas de la Republica Dominicana, debido a que hace ya veinte años viene gravitando un proyecto de ley en el Congreso Nacional, con el propósito de aprobar la misma.
Los principales actores de la politica han venido dando su opinión, como tales: Políticos, de igual modo opinan también, varios abogados «apoderados» por un sector, en el sentido que le requieren sus poderdantes. Resulta que todos le vienen dando una salida politica, sin tomar en cuenta la realidad jurídica que el caso amerita.
En el Observatorio del pasado lunes, columna que produce cada quince días por el periódico Listín Diario, el doctor Leonel Fernández, presiente del partido de la Liberación Dominicana, PLD, se refirió al tema y dilucidó las contradicción que produciría la implementación de Primarias abiertas con la constitución de la Republica. Planteó una tesis en su doble condición, la de abogado y la de político, narró con claridad jurídico-politica y consistencias los artículos que resultaren violatorio si se insiste en aplicar lo propuesto.
Esto al parecer encendió el avispero, salieron los «apoderados» y los políticos que ven en Leonel un obstáculo para sus proyecciones a mediano y largo plazo con mira alcanzar riqueza material y aspirar ya, de manera personal a ostentar el poder político. A tal punto que un «apoderado» llegó a calificar el artículo 277 de nuestra carta magna de: «un ripio de última hora.»
En tal sentido, viene a nuestra memoria los años en que gobernaba el país el extinto ex presidente Dr. Salvador Jorge Blanco, quien a pesar de que no tenia impedimentos constitucionales para optar por una repostulación, cuando hizo intención de ello, de inmediato le salieron de frente los principales dirigentes, entre los que se encontraban los que pretendían ser candidatos y futuros presidente de la República por el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Esto lo detuvo.
El PRD desde 1984, traía una crisis de división, entre el doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Jacobo Majluta, que se disputaban el liderazgo del partido y la candidatura presidencial, recayendo la candidatura en manos del licenciado Jacobo Majluta; pero nunca se superó la crisis interna que envolvía los principales líderes del PRD, entre los que se incluía el presidente de turno doctor Salvador Jorge Blanco, quien no veía con simpatía la nominación de Majluta. Que a pesar de llevar en su boleta todos los seguidores de Jorge Blanco, incluyendo a su esposa y los principales funcionarios que saldrían del gobierno junto con él, no le alcanzaron los votos al licenciado Jacobo Majluta para superar al candidato del PRSC doctor Joaquín Balaguer, quien finalmente se impuso como presidente electo, triunfo éste que reconoció de inmediato el presidente Jorge Blanco a pesar de los reclamos de fraudes que hacia su partido, el PRD.
Una vez Balaguer instalado en el Palacio Nacional se iniciaron las investigaciones supuestos actos de corrupción en el gobierno. Lo que condujo a los funcionarios de última referencia tanto al auto exilio, como detrás de los barrotes en las cárceles nacionales, incluyendo al Secretario Administrativo de entonces y al propio presidente de la República que recién entregaba, el doctor Salvador Jorge Blanco.
Tanto Majluta, quien había sido presiente de la República a raíz del suicidio del extinto presidente don Antonio Guzmán Fernández, como los funcionarios que le acompañaron a ambos en sus gabinetes, no obstante antes, haber sido estigmatizados como corruptos, no fueron investigados y menos apresados en el gobierno que recién se instalaba. Es importante reflexionar sobre el último referente.
Las primarias abiertas son Inconstitucional y políticamente desfavorable a todos los partidos políticos del sistema. Preciso es una cumbre entre los principales líderes políticos del país en compañía de sus jurisconsultos preferidos en materia constitucional y de manera particular y muy especial entre Leonel Fernández y Danilo Medina.