La problemática sobre la posesión de la tierra viene repercutiendo en el país desde mucho tiempo atrás, desde años posteriores a la muerte del presidente Rafael L. Trujillo, cuando empezaron las invasiones de terrenos públicos y privados.
Fueron muchas las fincas, de propiedad privadas que fueron invadidas, muchos de esos terrenos actos para la agricultura, pero principalmente terrenos de vocación urbanísticas, ubicadas cerca de avenidas y carreteras de diversas partes del país; provocando perjuicios económicos, morales y hasta físicos a sus propietarios.
En los últimos años el problema de la tierra se ha ido agravando, ya que personas de acciones cuestionables se han ido infiltrando en algunas instituciones administrativas del gobierno y hasta en el poder judicial, para como dice el refrán popular, pescar en rio revuelto.
Solo hay que recordar el problema que degeneró en tragedia en San Pedro de Macorís, cuando funcionarios del C.E.A., institución que administraba lo que queda del antiguo emporio del azúcar; algunos de esos funcionarios se vieron involucrados en manejo irregulares, hasta vendiendo porciones de terreno a varias personas.
También podemos citar el problema originado en los tres brazos del D.N. donde funcionarios del antiguo CORDE intentaron desalojar a los habitantes de ese sector, con subterfugios legales y donde el presidente Danilo Medina tuvo que intervenir para buscarle una salida a ese problema.
Por último presentamos el caso del Residencial Paseo del Llano, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, frente al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora en Santo Domingo Norte, donde en una Litis que entabló la señora Flora Duarte contra la Compañía DYKA S.A., Compañía que ya les había vendido dichos terrenos a alrededor 600 personas con contratos de compra y venta notarizados.
La jueza Yokasta Méndez de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia fallo a favor de la señora Duarte, pero en vez de condenar a la Compañía en daños y perjuicios, les otorgó a la beneficiaria casi todo el residencial, o sea 258 mil metros en una demanda original de 200 mil pesos, recayendo el dispositivo condenatorio de la sentencia sobre terceros; lo que para muchos entendidos en la materia luce descabellado, un desatino jurídico, o quien sabe por cuales motivos evacuo dicha sentencia que obviamente desacredita la credibilidad que debe tener el poder judicial y pone en entredicho el la seguridad jurídica que debe imperar en todo Estado organizado.
Es por esto que la sociedad está demandando un freno a estos desmanes y que el gobierno enfrente de manera decidida junto al poder judicial, estas situaciones que intranquilizan a las familias dominicanas.