Contra lo que fue la opinión de mucha gente al momento de ser nombrada, la comisión que designó el Presidente Danilo Medina para investigar lo que ocurría con la venta de los terrenos de ¨Los Tres Brazos¨, si rindió un informe en el plazo establecido y también fue hecho publico y entregado a los medios de comunicación, como una muestra mas de la transparencia que caracteriza a la presente administración.
Tantas comisiones se han nombrado en la República Dominicana que este recurso, válido en cualquier gobierno cuando hay necesidad de investigar un caso complejo, llegó a verse como un intento de enfriar situaciones que han sido objeto de escándalo público, y por esto se prejuzgó que se puso el caso en manos de una comisión para que todo olvidara y nunca se resolviera.
En este caso, ademas de paralizar las operaciones de venta y reventa de porciones de terreno, denunciado públicamente y tímidamente explicada por la dirección de CORDE, el Presidente Danilo Medina nombró a tres de sus subalternos y dio un plazo de 30 días para rendir un informe.
Exactamente, como si fuera un reloj puesto a funcionar el 29 de diciembre, día de emisión del decreto 392-16 que es donde se ordena la investigación, en el día de ayer, Flavio Dario Espinal, Lidio Cadet y José Dantés entregaron los resultados de sus averiguaciones, tanto al presidente de la República como a los medios de comunicación, casi en forma simultánea.
Hasta aquí lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, que como administrador de los bienes públicos, debe velar porque sus funcionarios, que no son mas que delegados del poder otorgado por el voto popular al presidente de la República, cumplan estrictamente con la Constitución y las leyes, y en caso de no hacerlo, debe proceder a revocar el mandato dado por decreto, y someter el expediente al Poder Judicial.
No puede el Presidente de la República, ni ninguno de los que investigó la venta de los citados terrenos, enviar la policía o a un militar, como se vio en épocas pasadas en el país, para buscar a un ciudadano que ejercer una función pública y meterlo en la cárcel, lo mas que puede hacer el ejecutivo, es sustituir al funcionario es cuestión y enviar el expediente al ministerio público, que es parte del Poder Judicial, y que este proceda en consecuencia.
Todo este relato lo hacemos con un ejemplo concreto que tenemos todos en nuestras manos en estos momentos, para que se entienda el porque no procedía, ni procede, acusar a quien detenta el Poder Ejecutivo de hacer uso de lo que se denomina impunidad, para favorecer a sus funcionarios o a sus allegados, porque en nuestro sistema un estado de derecho, debe primar la separación de los poderes para que sea funcional.
Cada uno de los integrantes de esos poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es responsable de que las atribuciones que se les otorgan en la Constitución y las leyes se cumplan, de modo que uno sirva de contrapeso al otro y se limite el poder concentrado a que tienen tendencia los gobernantes.
Por esto no tenia sentido hacer una marcha que pasara cerca del Palacio Nacional, disque para pedir que el Presidente Danilo Medina actuara en contra de una supuesta impunidad, en casos como el de Odebretch, que ni siquiera han rebasado la fase de investigación y donde todo se ha hecho siguiendo el orden necesario, pero en el lugar que corresponde; la Procuraduría General de la República.
Si como dice el informe, los terrenos ocupados en Los Tres Brazos, tenían un valor de mas de 688 millones de pesos, y fueron vendidos en solo 80 millones, que con todo lo que se descontó solo quedarían para el estado dominicano la pírrica suma de 66 millones, entonces el único camino que le queda al Poder Ejecutivo es enviar los resultados de la investigación a la justicia y que sea ella la que determine si hubo falta o violación a la ley.
Es mas, ni siquiera lo que dice en el punto número dos del resumen entregado a los medios de comunicación, donde dice que en el negocio con la empresa privada que compró los terrenos, la dirección de CORDE violó la Constitución de la República, la Ley de Función Pública y la Ley de la Reforma de la Empresa Pública sirve para nada en los tribunales, ya que esto es la opinión de la comisión investigadora y en la justicia el caso debería comenzar desde cero.
Así es que funciona un estado organizado, a ver si nos acostumbramos a que las comisiones que se nombran para investigar casos concretos si llegan a conclusiones, de que el Poder Ejecutivo tiene funciones específicas en cuanto a la jefatura que le otorga la Constitución de la administración del Estado y que cada quien es responsable de sus actos ya que un decreto con un nombramiento no es una patente de corso que le da el derecho de hacer lo que le venga en ganas.
Un gran ejemplo el que ha dado el gobierno del Presidente Danilo Medina, por lo menos los que habitan Los Tres Brazos pueden estar tranquilos, el acoso a que venían siendo sometidos para el pago de unos terrenos, que aparentemente fueron vendidos a precio vil, para después serles cobrados con pingües ganancias por empresarios privados, será resuelto a su favor con la intervención del gobierno, y serán convertidos de ocupantes en propietarios.