Cultura de paz, bien común y Estado

Por Heidy Berroa

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Históricamente la búsqueda del ideal de paz ha sido entre nosotros un camino plagado de grandes esfuerzos. Luego de la Segunda Guerra Mundial y todos los acuerdos que se generaron a su término, un gran paso que vale recordar, se dio en 1984, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en resolución 39/11 de fecha 12 de noviembre, la Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz. Esta resolución reconoció que es deber sagrado de los Estados garantizar que los pueblos vivan en paz y fomentar su realización; también proclamó solemnemente que los pueblos del planeta tienen el derecho sagrado a la paz. La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), 3 años antes, había establecido el 21 de septiembre como el Día internacional de La Paz, reiterando así que la misma es un auténtico derecho humano.

En este contexto, cabe formular alguna definición mínima de lo que es cultura de paz y bien común. La Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) ha afirmado que por cultura de paz podemos entender “el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto de la vida, de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos; el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así́ como la comprensión tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas”.

 

Sobre el bien común, nos cuenta Cassagne que Santo Tomás de Aquino, su exponente principal, introduce la visión aristotélica en el pensamiento cristiano para explicar que el Estado se genera de la propia naturaleza del hombre como una estructura esencial para la sociedad. Este pensamiento de Santo Tomás muestra como el Estado juega un papel preponderante en lo relativo al bien común. Enmanuel Kant, por su parte, nos habla del Sumo bien entendido como un concepto en el que se encuentran la virtud y la felicidad como fin y deber.

 

Más adelante vemos que con los derechos fundamentales y el Estado social se comienza a desarrollar una administración prestacional que implica un nuevo modelo de administración, en la que el Estado interviene activamente en temas que son básicos para la sociedad. Una referencia clásica en nuestra región, sobre el particular, es la Opinión Consultiva OC-5/85 de fecha 13 de noviembre de 1985, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, en el ámbito de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos -ratificada por la República Dominicana en enero de 1978 – el bien común puede ser entendido “como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos”.

 

Incluso en tiempos de crisis, esto es, en situaciones excepcionales que reclaman del Estado acciones que excedan la mera prestación –y, por supuesto, el rol negativo de no afectación de ciertas libertades clásicas—, aquel queda comprometido de una manera singular con la estabilidad social y el equilibrio institucional. Como bien ha sugerido el profesor José Esteve Pardo, en los tiempos de crisis, que de ordinario presuponen cierto “quiebre” entre la sociedad y el Estado, es preponderante el rol de este último para mantener el equilibrio social preciso que lleve, finalmente, hacia el bien común. Tras esto subyace otro planteamiento filosófico fundamental, rastreable en su formulación más refinada hasta la obra de John Rawls a cuyo juicio se puede construir una sociedad justa siempre que la misma se erija entre iguales. De suerte que el principio de igualdad es igualmente fundamental para la interacción sana en sociedad.

 

La paz entendida en los términos aquí expuestos, es directamente proporcional al respeto de los derechos humanos, a la justicia y al desarrollo efectivo de los pueblos. En tiempos en los que –al parecer— la violencia es un “bien” intercambiable, que se vende y se compra en diferentes formas y métodos y a través de distintas plataformas, debemos abrazar con urgencia una cultura de paz a nivel global, que se inicie desde el hogar y la familia.

 

En la medida en que la paz comporta un ideal común que nos concierne a todos individualmente y que, por ello, nos convierte en actores clave del proceso que implica su búsqueda; nos corresponde como ciudadanos, fomentarla y promoverla. Los conflictos o desacuerdos no tienen que ser negativos, pueden ser manejados de forma positiva y encaminados hacia la concertación, pero para ello es importante tener siempre en cuenta el bien común y su necesaria prioridad frente al interés puramente individual.

De forma muy atinada, la activista en temas de paz, autora y educadora Margareta Ingelstam nos plantea lo que llama la palabra clave, que es “la educación”, entendida en sentido amplio como la adquisición de unas capacidades comunicativas y el desarrollo de una concienciación de los valores y actitudes que fomenten las relaciones pacíficas para resolver los conflictos de forma preventiva. Eduquemos, pues, en los valores de la paz y la justicia, pensando en un bien común que implique también a las futuras generaciones.

 

Vivimos en tiempos convulsos, donde situaciones como la pandemia del COVID-19, la desigualdad, la guerra y sus consecuencias, así como otras calamidades de diferentes índoles, afectan significativamente la forma de vida de cada individuo, sin embargo, estamos a tiempo de dejar un legado de paz sobre nuestro país y el mundo. Para lo inmediato, sugiero que seamos entes activos de la paz en cada uno de nuestros caminos, generando espacios que la evoquen, buscando soluciones pacíficas para solucionar las diferencias y siendo ejemplo para los demás.

 

 

Por Heidy Berroa

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