A través de un oficio, Chávarry pidió a Salaverry que conforme una comisión para investigar las declaraciones de Vizcarra, tras la separación, y luego reposición, de los fiscales a cargo del escándalo Lava Jato en Perú, Rafael Vela y José Domingo Pérez.
El fiscal de la Nación pidió investigar el supuesto perjuicio que habría ocasionado la separación de los fiscales aludidos sobre las diligencias para la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht.
Chávarry explicó que la suspensión de la firma del acuerdo, programada inicialmente para el 11 de enero, se debe al cambio de autoridades en Brasil, a raíz de la asunción del nuevo mandatario Jair Bolsonaro.
El fiscal Pérez confirmó ayer que el acuerdo será firmado en una nueva fecha, así como los interrogatorios a exdirectivos de Odebrecht en Perú, e insistió en que la decisión de Chávarry afectó el normal desarrollo de las investigaciones.
Pérez remarcó que Chávarry es «un peligro para el Ministerio Público» porque, consideró que, ha puesto la Fiscalía al servicio de los intereses de los corruptos.
Chávarry se quedó hoy sin el apoyo de la junta de fiscales supremos, máximo órgano de la Fiscalía, para continuar en el cargo después de la polémica destitución y posterior reposición de los dos principales fiscales del caso Odebrecht.
En una reunión celebrada hoy, los otros cuatro fiscales supremos que componen junto a Chávarry ese órgano le solicitaron que dimita, a lo que este respondió que iba a darse un tiempo para reflexionarlo, según explicó al Canal N el fiscal supremo Tomás Gálvez.
«La diferencia respecto a las veces anteriores es que en esta ocasión el pedido ha sido expresado por los cuatro miembros de la junta, y no solo por dos», indicó Gálvez.
Chávarry está cuestionado por sus vínculos con una red de corrupción judicial descubierta en el seno de la judicatura peruana y por su cercanía con el fujimorismo, el mayor partido de la oposición, y el Partido Aprista, principal aliado político del fujimorismo.
Pese a los reiterados pedidos de dimisión del presidente de Perú, Martín Vizcarra, seguía hasta ahora al frente de la Fiscalía gracias al apoyo de los fiscales Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, que también aparecen en el mismo caso de corrupción, mientras que Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos fueron contrarios desde el primer momento.
En caso de que continúe sin dimitir, Gálvez detalló que es posible destituirlo mediante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o el Congreso.
Las investigaciones sobre el escándalo de sobornos de Odebrecht tiene al expresidente Alejandro Toledo pendiente de que se resuelva un pedido de extradición a Estados Unidos, a Ollanta Humala con diez meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018, y a Alan García y Pedro Pablo Kuczynski impedidos de abandonar el país.
Asimismo, Keiko Fujimori se encuentra desde noviembre pasado en prisión preventiva por un presunto blanqueo de dinero de fondos de Odebrecht para financiar sus campañas electorales.
Perú es uno de los doce países latinoamericanos donde Odebrecht reconoció haber pagado sobornos a cambio de adjudicarse millonarios contratos en obra pública, lo que en este caso ocurrió entre 2005 y 2014, y fueron acompañados de donaciones irregulares para las campañas presidenciales de los principales líderes políticos.
Por EFE
