Nuestro país está atravesando por una de sus peores crisis económicas del último siglo, provocada por la pandemia mundial conocida como el Corona Virus, COVID-19, la cual ha frenado de golpe su crecimiento económico, provocando que sus ingresos por todas sus recaudaciones fiscales, exportaciones, el turismo, así como las remesas, desde principio de este año, se encuentren por el suelo.
Tanto el gobierno saliente como el entrante han asumido grandes compromisos financieros para tratar de enfrentar y paliar estos dos grandes flagelos que han hecho caer su producto interno bruto a niveles nunca vistos, por lo que este último se ha visto obligado acudir al endeudamiento externo por más de 4 mil millones de dólares en apenas 50 días, para poder atender las demandas de los problemas de insalubridad y en subsidiar a los sectores sociales más vulnerables.
Esta crisis económica y esta pandemia han paralizado a todo el sector productivo de la nación, por lo que miles de empresas han cerrado sus puertas, dejando a cientos de miles de personas desempleadas.
El gobierno envió recientemente al Congreso Nacional el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente al año 2021, ascendente a la suma de 1 billón 37,843 millones de pesos, el cual supera al de todos los años anteriores. En él se incluyen de manera soterrada, sin haberlo comunicado ni consensuado con el país, una serie de impuestos que afectan a la clase media y a los sectores de menores ingresos, los cuales ya están saturados por las tantas cargas fiscales que llevan sobre sus hombros.
Algunos de estos impuestos supuestamente serían de carácter transitorio, pero estos siempre son eternizados cuando aportan buenos resultados al fisco. El mejor ejemplo es el adelanto del pago de los impuestos que el expresidente Juan Bosch en el año 1963 les solicitó a los empresarios para pagar el sueldo del primer mes a los empleados públicos, el cual fue convertido por las administraciones siguientes como el Anticipo al Impuesto sobre la Renta, que todavía hoy se continúa aplicando de manera improcedente. Además, Bosch redujo su sueldo y el de sus funcionarios, pues el sacrificio debía ser de todos.
Los mismos fueron rechazados por distintos sectores económicos y sociales, con amenazas de protestas en las redes sociales. Entre las partidas a ser afectadas se encuentran: el sueldo No.13, que por primera vez se trata de gravar; el gas licuado de petróleo (GLP), las compras internacionales con tarjetas de crédito, entre otras. Esto obligó al Presidente Luis Abinader a reconsiderar y a enmendar sus propuestas mediante un discurso transmitido por radio y televisión, en el que anunciaba una adenda al presupuesto y el retiro inmediato de dichos impuestos.
Consideramos que en medio de una gran crisis económica y de una pandemia global no procede la creación de más impuestos a la clase media, pues eso sería como añadirle más leña a la hoguera. Lo que procede es buscar nuevas fuentes de ingresos, eficientizar el cobro de los ya establecidos, evitar las evasiones fiscales, eliminar las exenciones y canonjías a los sectores de poder; aplicar las leyes 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo y la 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, para aprovechar las grandes fortunas declaradas recientemente y a los emporios ligados al lavado y al narcotráfico que nunca han declarado ni pagado sus impuestos; poner en prácticas las impresoras fiscales en los negocios de compras masivas, que por presiones de los propias asociaciones empresariales fueron dejaron sin efectos, entre otras.
El señor Presidente se refirió a dos importantes pactos que están incluidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y que deben ser firmados cuanto antes: El Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, por lo que se debe hacer una verdadera reforma fiscal integral, no de parches, donde los que más reciban sean los que más paguen.
Por: Alfredo Cruz Polanco