Criptomonedas: Retos de la regulación dominicana

Por Paola Clisante miércoles 29 de mayo, 2019

No existe un enfoque unísono sobre el tratamiento y regulación de las criptomonedas en el sector financiero a escala global. Aún así, a medida que las monedas electrónicas van haciéndose más paso en el mercado, es menester de las distintas jurisdicciones procurar identificar este nuevo esquema monetario en el marco del actual sistema financiero con el objetivo de, en primer lugar, garantizar la protección de los usuarios que utilicen este tipo de plataformas y, por supuesto, prevenir la consecución de delitos como el lavado de activos.

Aunque la legalidad de este tipo de mecanismos no ha sido bendecida por muchos países, debe hacerse conciencia sobre su realidad y desarrollo que, a nuestro parecer, es inevitable.

Desde una perspectiva amplísima, las criptomonedas no son más que medios digitales mediante los cuales se efectúan transacciones de intercambio. Hasta la fecha, la más preponderante de todas -y, de hecho, la primera reconocida como tal- es Bitcoin.

Creada en 2009 por un sujeto que aún se desconoce y quien se hizo llamar Satochi Nakamoto, Bitcoin llamó la atención de muchos y, pese a que en el 2011 valía menos de un dólar, una moneda de estas actualmente cuesta casi RD$400,000.00.

En sentido general, las criptomonedas pueden ser adquiridas a través de varios medios; en línea es el más común. Hay varios sitios web en los que pueden ser compradas de forma inmediata, desde pequeñas porciones hasta miles de monedas, utilizando una tarjeta de crédito o de débito.

Otro de los métodos utilizados es el intercambio de dinero en efectivo por monedas electrónicas a través de un cajero automático. De hecho, a nivel nacional hay más de 10 cajeros disponibles para la comercialización de las criptomonedas.

Uno de los beneficios más atractivos de estas monedas es la diversidad de su uso. Pueden canjearse para comprar otras criptomonedas o realizar compras por internet o simplemente utilizarse a modo de inversión aguardando a que su valor aumente en el tiempo.

Ante la referida diversidad de usos, puede haber también una diversidad de fines; muchos -inclusive- delictivos. Al margen de la volatilidad de precios, el anonimato de las partes involucradas, la poca seguridad de esta clase de transacciones instantáneas, el hecho de que no son monedas oficiales de cambio y por tanto no están respaldadas jurídicamente y la ambivalencia respecto de su legalidad, los casos de fraude que han sido dados a conocer, entre otros, debe preocupar que este tipo de plataformas sean utilizadas para lavar dinero o para cualquier otro tipo de actividad ilícita.

Por ello, ha llamado la atención de autoridades de varias jurisdicciones la posibilidad de que transacciones de esta naturaleza oculten intenciones delictivas, sobre todo aquellas promovidas en la internet oscura o darknet que incluyen el comercio ilegal de drogas, armas, etc.

 

Habida cuenta de esto, Estados Unidos, por ejemplo, ha adoptado medidas tendentes a garantizar que las operaciones relacionadas a criptomonedas asuman los criterios de prevención de lavado de dinero y conozca su cliente que en la misma medida en la que lo hace el sistema financiero. Igual lo han hecho los países miembros de la Unión Europea, así como otros, aunque hasta la fecha no ha sido emitido un instrumento legal que, especialmente, este nuevo segmento del comercio.

En República Dominicana, asimismo, el Banco Central emitió -en 2017- un comunicado mediante el cual expresó que “los activos virtuales (de que se trata) no son una moneda de curso legal y, por sí mismos, no poseen fuerza liberatoria, por lo que no puede ser garantizado su uso como medio de pago en nuestra economía, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como medio de pago de bienes o servicios prestados”.

Lo propio hizo la Superintendencia del Mercado de Valores a modo de advertencia sobre los riesgos asociados a la adquisición de este tipo de activos virtuales con la intención de usarlos como inversión o como medio de pago.

De esto, muchos coligieron que se estaba otorgando un carácter de ilegalidad a las criptomonedas, sin embargo, entendemos que el espíritu no es precisamente ese, sino prevenir al público interesado en utilizarlas, máxime que parecería que las monedas electrónicas han venido para quedarse.

Sería utópico pensar que un sistema de naturaleza descentralizada como este funcionaría legítimamente sin que exista una ley que regule su funcionamiento; no sólo de cara a la prevención de delitos, recaudo de impuestos y otros intereses desde la perspectiva del Estado, también y, sobre todo, a la garantía y protección de los consumidores.

Hay muchas opiniones encontradas sobre regular, o no, las criptomonedas. Por su parte, si bien legitimaría la industria, queda claro que hay mucha incertidumbre de cómo regular este sector. También preocupa el impacto que pudiere tener esto en las recaudaciones fiscales de los contribuyentes.

A su vez, los sectores más interesados se oponen a una regulación a gran escala, pues consideran que afectaría negativamente la referida naturaleza descentralizada de la industria y socavaría la filosofía de la tecnología.

Sin duda, las criptomonedas han constituido un nicho potencialmente retador. Como resultado de esto, es prácticamente inevitable que su regulación constituya una prioridad legislativa y sean llevadas a cabo medidas que permitan legitimar la tecnología y el mercado, asumiendo un esquema de políticas común que deba ser cumplido en procura de garantizar la protección de los clientes, evitar la manipulación del mercado, elevar los estándares de la industria, y con esto, potenciar su alcance.

Por Paola Clisante

Anuncios

Comenta