“El desempleo multiplica la delincuencia, y los salarios humillantes la estimulan”. Eduardo Galeano
La lógica del contrato social para forjar un estado de derecho implica que las personas deleguen al Estado parte de su libertad para que, en cambio, éste les otorgue las condiciones de seguridad necesarias para ejercer su derecho a una vida plena. Cuando ese status quo es perturbado por elementos disociadores, sean estos externos o internos, se resquebraja ese acuerdo tácito y se vulneran los fundamentos sociales que dan razón de ser al Estado.
Los recientes incidentes violentos, que en tan solo 3 meses han cobrado la vida de al menos 35 personas en República Dominicana, representan una muestra fatal del resultado de la falta de régimen de consecuencias y ponen a prueba, una vez más, la capacidad del Estado de garantizar un ambiente de paz donde no peligre la libertad. Ese es un reto titánico del gobierno, sobre todo, porque en un país pobre con escaso desarrollo educativo, instituciones débiles y marcada desigualdad social no es de extrañar que se multipliquen estos casos de criminalidad que han llenado de luto e impotencia a la ciudadanía.
Acorde a destacados estudios del Banco Mundial, altos niveles de desigualdad de ingresos incrementan la inseguridad y los niveles de criminalidad; y no obstante el robusto crecimiento macroeconómico del país, la inequidad de ingresos ha aumentado, situándonos como el país con la más baja tasa de movilidad social de toda la región; lo que significa, que el crecimiento económico dominicano es excluyente, pues margina a importantes sectores sociales de la bonanza que se percibe en los segmentos más privilegiados. Estas condiciones económicas y sociales, de por sí, crean un excelente caldo de cultivo para la proliferación de la delincuencia; pero si unido a esto, los organismos encargados de combatirla se muestran ineficientes y en ocasiones hasta en connivencia con el fenómeno, entonces se estaría inconscientemente creando una tormenta perfecta.
Ante este escenario fatídico, los ciudadanos han perdido la confianza en las autoridades y se sienten desamparados ante el vacío que provoca la ausencia de políticas públicas efectivas para combatir la delincuencia, en consecuencia, se sienten justificados en su actitud de aplicar la justicia con sus propias manos. Evidentemente, esto crea problemas marginales -como por ejemplo, las víctimas colaterales- que aumentan los hechos de violencia que se pretenden erradicar. El caso más reciente de las consecuencias de intentar “hacer justicia” fuera de los estamentos institucionales es el desafortunado evento donde pereció la señora Delcy Yapor. Este asesinato involuntario debe servir de lección, tanto a la ciudadanía, por los peligros que encarna querer usurpar una función exclusiva del Estado; como a las autoridades, por el alto costo en vidas humanas producto de su incapacidad para cumplir con su deber.
El impacto económico y social de la criminalidad es sencillamente devastador porque lastra con crueles cadenas de sangre las posibilidades de desarrollo de la nación. Por lo tanto, es preciso fortalecer las instituciones democráticas para que enfrenten con determinación el flagelo de la delincuencia, y de esta forma, conferirles la capacidad de garantizar el estado de seguridad y estabilidad necesario para el progreso del pueblo dominicano.