Crean sistema para aprobar presupuestos de empresas públicas no financieras

Por El Nuevo Diario martes 10 de septiembre, 2019

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Hacienda informó este martes que comenzará a aplicar un procedimiento para que las empresas públicas no financieras presenten, para su aprobación, los planes que definan los recursos que van a utilizar en el siguiente año.

Se trata de una resolución creada para que los presupuestos de esas entidades sean totalmente consistentes con el Presupuesto General del Estado, informó Hacienda en un comunicado.

La resolución establece que cada empresa pública no financiera enviará su proyecto de presupuesto al ministro de Hacienda a más tardar el 30 de septiembre del año anterior al presupuestado.

La remisión deberá hacerse conjuntamente con una serie de instrumentos de planificación: Plan Estratégico Institucional y Plan Plurianual de Inversiones; Proyecto de Plan Operativo Anual, Proyecto de Plan Anual de Compras y Presupuesto Anual de Caja.

El ministro de Hacienda analizará el Proyecto de Presupuesto remitido y comunicará a la empresa pública no financiera sus observaciones y requerimientos de modificaciones “en un plazo no mayor a 10 días desde que el presidente de la República promulgue la Ley de Presupuesto General del Estado del año al que se refiere el proyecto de presupuesto que le fue sometido”.

Tras verificar que todas las observaciones y requerimientos de modificaciones se han cumplido, el ministro de Hacienda aprobará el presupuesto mediante resolución ministerial e informará a través de una comunicación firmada a la Dirección Ejecutiva y el Consejo Directivo de la empresa pública no financiera, al ministerio al que está adscrita, a la Dirección General de Presupuesto (Digepres), a la Tesorería Nacional y a la Dirección General de Crédito Público.

De acuerdo con la resolución, el ministro de Hacienda es el único que puede autorizar la aprobación de los presupuestos en el marco de la normativa vigente en lo que respecta al uso de recursos financieros, humanos y materiales, así como la obligación de cumplir con la producción programada de tales recursos.

En este contexto, la normativa prohíbe al Gobierno Central realizar transferencias, corrientes o de capital, a las empresas públicas no financieras, así como otorgarles aportes, concederles préstamos o tramitar operaciones de crédito público o de sus desembolsos, si previamente no cuentan con su presupuesto anual aprobado por el ministro de Hacienda.

 

 

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