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20 de abril 2024
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OpiniónAneudy Ramírez NúñezAneudy Ramírez Núñez

Covid, alcohol y tránsito

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El país podemos declararlo de luto el año entero. El Covid se ha llevado la vida de miles de dominicanos en 12 meses. De hecho, en el mundo debería conmemorarse un día en honor a las víctimas del COVID 19, mostrando la solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos.

Lógicamente, hay más muertes por distintas causas en el mundo. En el caso nuestro, en lo que va de año, han fallecido más de cien personas por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas y otras cientos llevadas al hospital por intoxicación.

La comercialización de la muerte se ha convertido en una práctica muy común. No es algo nuevo, tampoco para sorprendernos, pero en el país hace años que el adulterio de bebidas en los centros de diversión se convirtió en la práctica más rentable del negocio nocturno.

Quienes fabrican y comercializan el alcohol sin las prescripciones establecidas por las leyes y normas que la regulan, deberían ser presentados ante la ley y no solo desmantelar sus centros de operaciones sino indemnizar a todos los muertos por causa de bebidas adulteradas.

Por otra parte, las muertes por accidentes de tránsito siguen en aumento. Diariamente observamos por las noticias y redes sociales como conductores pierden el control provocando daños irreparables como es la pérdida humana y miles de pesos en daños físico.

La ley de tránsito dominicana contempla sanciones muy claras para quienes conducen de manera temeraria en las calles pero es poco fiscalizada, contemplan sanciones económicas pero al parecer no es prioridad para las autoridades.

Más de un centenar de personas han fallecidos por accidente de tránsito en lo que va de año sin que exista una campaña de concientizacion para frenar este problemática que al igual que el covid y las bebidas adulteradas han llevado luto a muchas familias dominicanas.

Es necesario que el gobierno inicie una campaña de solidaridad con las víctimas mortales de estas tres epidemia. Es necesario que el estado disponga la garantía de la vida humana, que el desarrollo del bienestar del individuo tenga una garantía existente.

Aneudy Ramírez N
Ingeniero, político y comunicador

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