En contraste, el presidente del Constitucional, Bonerge Mejía, pronunció que las consecuencias «jurídicas y políticas» derivadas de «la conducción de la política exterior del Estado constituyen responsabilidad exclusiva de los funcionarios legitimados para su debido ejercicio», como el presidente Morales y la canciller Sandra Jovel.
Acompañado de tres de los otros cuatro magistrados titulares -solo faltó la magistrada nombrada por el presidente, Dina Ochoa-, Mejía enfatizó que «son infundadas» las expresiones que intentaron atribuir este martes la responsabilidad de las posibles sanciones anunciadas por Trump a los aranceles y las remesas.
En la sala de vistas de la Corte, Mejía leyó un comunicado de prensa sin atender consultas de los medios de comunicación y subrayó que la función esencial del máximo tribunal «es la defensa del orden constitucional» y que su rol es «independiente de los demás organismos del Estado».
Mejía indicó que los magistrados no pueden «asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala» y reiteró que los funcionarios públicos «están al servicio del Estado y no de partido político alguno», como aseguró el presidente Morales este martes, cuando pidió a los magistrados que «no sigan actuando como activistas políticos».
En un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, Jimmy Morales, advirtió que «la mayoría de sus magistrados (constitucionales), identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo».
Sin embargo, el presidente de la Corte de Constitucionalidad detalló que en la resolución del amparo en contra del Ejecutivo en su intención de convertir a Guatemala en un «tercer país seguro» no se «prohibió ninguna acción al presidente», pues en su dictamen se le indicó al Ejecutivo «el procedimiento establecido en la Constitución para la firma de un convenio de esa naturaleza».
Mejía recordó que es el Congreso el que «debe aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando afecten el dominio de la nación» y cuando «obliguen financieramente al Estado».
«Por el bien de la ciudadanía», dijo, insto «a todos los funcionarios públicos a asumir sus responsabilidades de conformidad con la Constitución».
El Constitucional decidió la semana pasada amparar provisionalmente a un grupo de excancilleres y al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dejar en suspenso que Guatemala no fuera convertida en un «tercer país seguro», un acuerdo que se ha roto según Estados Unidos.
En consecuencia, este martes, el presidente Donald Trump amenazó a Guatemala con imponer «vetos, aranceles e impuestos a las remesas» debido a que Guatemala había decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un «tercer país seguro».
«Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a EE.UU., algunos de ellos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros para la firma del necesario Acuerdo de Tercer (País) Seguro», aseguró Trump en su cuenta personal de Twitter.
Mauricio Claver-Carone, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Donald Trump, se expresó así en una entrevista con Efe unas horas después de que el mandatario amenazara con imponer «aranceles e impuestos a las remesas» para Guatemala o incluso aplicarle un veto migratorio generalizado.
De acuerdo con un informe del Banco de Guatemala, las remesas de los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos a sus familias alcanzaron a 9.300 millones de dólares en 2018 y se prevé que este año se supere esa cifra.
Por EFE
