No es la primera vez que la República Dominicana encamina acciones judiciales contra los actos de corrupción en la administración pública. Esta vez, sin embargo, sacude todo el entramado partidario.
Como ocurre siempre en estos casos saltan nuestras fortalezas y debilidades, incluso las dobles caras de los que piden castigar la corrupción hasta que no les tocan sus propios entornos.
El país no ha logrado persuadir a los corruptos con los antecedentes que hemos sentados en el pasado. En consecuencia, es obvio que necesitamos no sólo castigar los actos ilícitos, es necesario poner los controles para evitar que estos ocurran.
Los funcionarios tienen márgenes como para no tener control de la situación.