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Corrupción pública-privada, interés ciudadano y periodismo

Por Francisco S. Cruz Lunes 16 de Enero, 2017

La corrupción pública o privada, aparte de ser una falencia o flagelo histórico-estructural universal (sobre todo, en Latinoamérica), no se da, como algunos piensan, silvestre, pues, como todo delito o dolo público, necesita tres condiciones -sine qua non- para darse y realizarse en una sociedad determinada, a saber: a) un estado de situación o de realidad política-jurídica y social que la ampara y tolera, en un marco de contubernio y complicidad entre actores políticos, funcionarios públicos, judiciales; y no en pocos casos, de los poderes fácticos (empresarios, militares, policías, periodistas, entre otros); b) el delincuente sobornador –asociado o no- que parte del criterio o máxima extendida de que, todo hombre -de vida pública o privada- tiene su precio; y c) el que se deja sobornar, desde cualquier posición pública o privada, porque ha fijado como meta –de antemano o porque en algún momento fue tentado- enriquecerse o hacer “acumulación originaria”, rápida o espontánea de riquezas y bienes a cualquier precio sin reparar en pruritos éticos ni conflictos de intereses.

De modo que, al situar la corrupción -pública o privada- como un fenómeno universal, bajo ningún concepto pretendemos inscribirnos en la tesis-defensa justificativa de que la misma es inherente al ser social y político que en una determinada sociedad desempeña alguna función pública o privada, pues ya explicamos los factores socio-político-jurídico o histórico-estructurales que legalizan, amparan y toleran el flagelo de la corrupción en cualquiera de sus modalidades: un sistema o esquema de justicia cooptado por la delincuencia organizada que opera en el contexto de un régimen político de actores públicos-privados y de los poderes fácticos corrompidos, despojado de ética pública y siempre habidos y dispuestos a acrecentar fortunas e influencias en los poderes públicos.

En consecuencia, que, sin voluntad política ni judicial, no habrá lucha verdadera, frontal y sistemática contra la corrupción pública o privada. Y ello empieza por la impostura, a rajatablas, de un código de ética pública, de una justicia independiente, regenteada y dirigida por jueces probos (de sólida formación jurídica y, preferiblemente, desligado de militancia política); y la designación y elección de funcionarios públicos insobornables cuya trayectoria pública-profesional este fuera de toda duda, al menos hasta el momento en que se empieza a ejercer una determinada función pública.

Sin embargo, no basta con la voluntad política de los actores políticos y judiciales para garantizar y velar por un ejercicio ético y transparente en la gestión pública (llámese gobierno-estado en su división e independencia de poderes), sino que hace falta que una ciudadanía -activa y responsable- participe y se involucre (desde las casas, las escuelas, los partidos políticos y la sociedad civil bien intencionada y de transparencia publica-temática) en velar por el buen desempeño público y que la prensa y los medios de comunicación jueguen su papel en su rol de informar e investigar con apego a la verdad y alejado de lo que en nuestro país se ha entronizado en la opinión pública: un tipo de periodismo que se disfraza de “opinión pública” para hacer oposición política, de periodistas opinantes -bien pagados- de oligopolios periodístico-empresariales, o de periodistas-entrevistadores complacientes a sueldo y mesada (llámese: publicidad u otra modalidad). O peor, de vulgares mercaderes que ejercen de “comunicadores” (¿chantajistas-extorsionadores?) al través de la radio y otros medios, sin dejar de mencionar, a los famosos “consultores” costosísimo por su larga trayectoria periodistica, su conocimiento y dominio de los tejemanejes “hermenéuticos” del oficio y sus vinculaciones con los poderes fácticos.

De alguna forma, se hace necesario rescatar el tipo de periodismo responsable, investigativo e inclaudicable que ejercieron Orlando Martínez, Gregorio García Castro y, en cierta forma, don Rafael Herrera. Y con esto no estoy diciendo que no haya periodistas serios y responsables en la actualidad –¡los hay!-, sino que hace falta que el periodismo en nuestro país recupere su otrora credibilidad pública, y ello empieza por desterrar la línea editorial –de algunos medios- de comentar la noticia en el mismo texto de la noticia, o de que las crónicas y reportajes -de los periodistas empleados-asalariados de algunos dueños de medios- no queden maquilladas (o rehechas) por “censores ejecutivos” de esos medios en una vejatoria modalidad de periodismo –de “corrección de estilo”, pero, sobre todo, de contenido- y manejo de las llamadas “colindancias” si se quiere fácticas.

Por ello, la mejor postura ciudadana frente a cualquier escándalo o sometimiento por corrupción pública o privada, es el acompañamiento y aliento a toda voluntad política pública -de las autoridades competentes- en el encausamiento judicial contra la corrupción pública o privada en un gesto de responsabilidad ciudadana libre de influencia de actores políticos opositores que estén buscando politizar la acción judicial pública, de francotiradores mediáticos gratuitos y alegres de reputaciones públicas, de periodistas dizque “hacedores de opinión pública” que todos sabemos son oposicionistas políticos de la “secreta”, o de periodistas panfletarios-asalariados de poderes o instituciones públicas. O más común, de una “sociedad civil” –con sus contadas excepciones- habida de protagonismo político-mediático en clara estrategia política-electoral de campaña certera para desacreditar, inhabilitar y derribar a líderes políticos, partidos políticos o figuras públicas presidenciables o no. E incluso, en algunos casos, en franca sintonía –nunca gratuita ni inocente- en empujar-posicionar agendas supranacionales en contra del país, sus instituciones e imagen internacional.

En consecuencia, el interés público-ciudadano frente a la persecución contra la corrupción pública o privada, debe girar en seguir, atentos y vigilantes, los procesos judiciales abiertos (y de aquellos que el rumor público clama abrir-investigar), exigiendo y demandando que los mismos lleguen hasta las últimas consecuencias –¡caiga quien caiga!- y propugnando por el fortalecimiento institucional de las instancias públicas (Ministerio Público y Sistema Judicial) llamadas a combatir el crimen y la delincuencia organizada, la violación a las leyes, pero, sobre todo y de manera sistemática, los delitos de dolo público y prevaricación en perjuicio de los dineros y bienes públicos. Ello así, porque esos ladrones –con sus crímenes y delitos- empobrecen y corrompen sociedades, y lo que es peor, les roba su desarrollo y futuro.