Corporación de Derecho Público Interno

Por Gregory Castellanos Ruano martes 9 de marzo, 2021

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), está instituido como una “corporación de derecho público interno, de carácter autónomo, con per­sonalidad jurídica e independencia presupuestaria y financiera” cuyos recursos provienen del Estado y por consiguiente se encuentra sujeto al Control de Fiscalización a cargo de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

 En efecto, al tenor del Artículo 2 de la Ley No. 3-19 que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y crea la Escuela Nacional de Abogados, se instituye el mismo como corporación de derecho público interno, de carácter autónomo, con per­sonalidad jurídica e independencia presupuestaria y financiera.Esa naturaleza del Colegio de Abogados de “corporación de derecho público interno, de carácter autónomo, con per­sonalidad jurídica e independencia presupuestaria y financieraviene desde la época de la anterior Ley 91-1983 que lo creó originalmente y ahora con la referida Ley No. 3-19 ha sido ratificado con esa naturaleza de “corporación de derecho público interno, de carácter autónomo, con per­sonalidad jurídica e independencia presupuestaria y financiera“..

 El colegio de abogados, pues, `no es un gremio privado`, es decir, no es como el gremio de los zapateros, el de los carpinteros, el de los picadores de zanjas, el de los agricultores, el de los peones de agricultura, el de los comerciantes, el de los industriales, etcétera: ninguno de esos gremios tienen el carácter de “corporación de Derecho Público Interno“, el cual carácter de “corporación de Derecho Público Interno“ sí lo tiene el colegio de abogados.

¿Qué significa que el colegio de abogados sea una “corporación de Derecho Público Interno“?

Es de conocimiento elemental que el Derecho Público Interno es el que organiza internamente al Estado, lo cual es realzado por la Suprema Corte de Justicia en ocasión de esta aludir al Control de Convencionalidad:

´´Considerando, que este alto tribunal ratifica el criterio externado en su sentencia del 9 de Febrero de 2005, según el cual:

“Considerando, que conviene precisar, antes del análisis de la incidencia de las convenciones mencionadas sobre la ley cuestionada, cuya superioridad se aduce frente al derecho interno por ser aquellas normas del Derecho Internacional que el Derecho Interno, por oposición al primero, es el conjunto de normas que tienen por objeto la organización interna del Estado, lo que obvia y necesariamente incluye la Constitución del Estado de que se trate, por lo que resulta impropio  afirmar que la convención prevalece sobre todo el derecho interno de la Nación dominicana, en razón de que ninguna norma nacional o internacional puede predominar por encima de la Constitución, que es parte, la principal de nuestro Derecho Interno, lo que hoy es reconocido por nuestro derecho positivo al consagrar el artículo 1 de la Ley no. 76-02 (Código Procesal Penal), al referirse a la primacía de la Constitución y los tratados en el sentido de que estos “prevalecen sobre la ley“;…“

(Sentencia No. 3 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha ocho (8) de Diciembre del dos mil diez (2010), Boletín Judicial No. 1201, página No. 20)

De lo recién citado dicho por la Suprema Corte de Justicia hay que resaltar: “el Derecho Interno, por oposición al primero, es el conjunto de normas que tienen por objeto la organización interna del Estado“; léase y reténgase bien: “del Estado“.

Aunque autónoma al ser el Colegio de Abogados una institución `de Derecho Público Interno`, es una institución del Estado dominicano, es decir, `es una institución estatal`, y, `por ello, los funcionarios, los empleados y los servidores del Colegio de Abogados tienen el “munun públicum“, vale decir, tienen carácter público, tienen carácter estatal, esto es, respectivamente son funcionarios públicos, son empleados públicos y son servidores públicos`,  respectivamente, lo cual hace subsumibles sus actuaciones irregulares ilícito penales dentro de los tipos legales previstos por el Código Penal respecto de los funcionarios públicos, aparte de los tipos penales creados por leyes especiales dentro de los cuales también se subsuman sus actuaciones.

El Colegio de Abogados devenga entregas de dineros por parte del Estado dominicano por concepto de impuestos establecidos a favor de dicho Colegio de Abogados a través de la Ley que lo creó: es de conocimiento elemental que los impuestos sólo se crean a favor del Estado o a favor de una de sus instituciones.

El Artículo 4 de la Constitución dispone: “Artículo 4.- Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.“

Es decir, que la expresión “Gobierno“ en realidad es muy amplia, pues no se circunscribe única y exclusivamente a la parte del Poder Ejecutivo en sentido estricto como una lectura sumamente torpe por superficial podría conducir a creer (es decir, que no se circunscribe única y exclusivamente al Presidente de la República, a los ministros del Gabinete, etcétera), sino que abarca también a todas las instituciones autónomas o descentralizadas, y, en sentido general, a todas las instituciones de Derecho Público Interno existentes en la República Dominicana; lo mismo que también al Poder Legislativo, lo mismo que también al Poder Judicial; en fin, abarca a cualquier órgano con carácter estatal y, por ende, a los funcionarios, agentes o delegados de ese órgano con carácter estatal.

Gobernar significa “regular“; por ejemplo, en el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana (`que es una institución autónoma de Derecho Público Interno, vale decir, es una institución del Estado`), es autónoma, pero es del Estado, pues el Estado lo que hace es permitir que los abogados elijan a las autoridades de esa institución estatal cuyo fin es un interés público: el de regular el ejercicio de la abogacía porque esta afecta tanto a los abogados como a los que no son abogados que buscan los servicios de los primeros. Es decir, el Colegio de Abogados regula esas relaciones y al regular esas relaciones dicho Colegio de Abogados es co-partícipe del Gobierno del país. Si dicho Colegio de Abogados no fuera autónomo sería una institución más del Estado sometida a la centralización del Gobierno central. De manera que `aún no sometida a esa centralización dicho Colegio de Abogados forma parte del Estado y al ser parte del Estado forma parte del Gobierno de la sociedad dominicana`.

 

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

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