Una gestión integral y articulada de las políticas públicas se puede asociar a la acción combinada de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil para establecer unidad de criterios y de prácticas que permitan resultados favorables, es en ese contexto entonces que, hablar de política pública es hablar de decisiones políticas y esas decisiones tienen necesariamente que impactar a la sociedad a la cual va dirigida, en tal sentido, todos en mayor o menor medida estamos convencidos de la importancia de coordinar para mejorar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, este es sin lugar a duda uno de los temas más complejos de las políticas públicas de superar las dificultades de todo lo que implica e impide que se realice la coordinación.
Mientras muchas políticas pueden ser llevadas a cabo por una institución sin necesidad de coordinar con otras institución, en otros casos y en la mayoría de los casos el éxito de las políticas depende de la cooperación y la coordinación y desafortunadamente, en ocasiones este trabajo conjunto puede ser muy difícil de lograr, hoy en día hablamos de políticas públicas integrales lo que significa que las intervenciones sociales tienen un carácter multidimensional por lo que la coordinaciones interinstitucionales se convierten en una acción casi obligada de parte de las instituciones responsable de gestionar y elaborar las políticas públicas.
La pregunta clave sería: ¿Qué hace tan difícil que las instituciones coordinen entre sí? La respuesta no es sencilla. Coordinar requiere tiempo y esfuerzo y sobre todo el establecimiento y construcción de confianza.
En todo caso, la necesidad de coordinación puede surgir porque se superponen funciones cuando hay más de una institución con programas similares. Estos programas, dirigidos a la misma población en muchos de los casos no están coordinados. Una mejor coordinación podría permitir ahorrar en la administración de los programas y evitar la duplicación de equipos y esfuerzo, pero, además, la coordinación permite explotar sinergias, la articulación permite una mejor coordinación de tareas, aprovechar las capacidades materiales y humanas de las cuales se dispone, maximizar resultados y reducir costos, un mayor compromiso, mejorar la toma de decisiones, integrar esfuerzos y recursos económicos, logísticos y humanos, mejorar el flujo de información y no duplicar acciones, llegar al mismo tiempo de manera coordinada y con el mismo contenido a diferentes públicos aprovechando las ventajas comparativas de las distintas instituciones.
En fin la coordinación permite mayores resultados en la ejecución de la política pública, por lo que es un proceso permanente que tienen que tener todas las instituciones si es verdad que quieren ser eficiente y más aún en una sociedad donde los recursos son limitados por lo que es necesario hacer más con menos.
Otro desafío de coordinación se da cuando distintas intervenciones están dirigidas al mismo grupo de la población, a veces, una población objetivo recibe un paquete de programas donde distintos componentes del paquete pueden corresponder a la esfera de distintas instituciones por lo que incluye múltiples intervenciones simultáneas dirigidas a una misma población.
No toda política requiere coordinación. Los programas de transferencias monetarias condicionadas, por ejemplo, requieren de una amplia coordinación interinstitucional entre el estímulo a la demanda y la oferta de servicios, pero aun cuando estos factores están mejor alineados, a veces no se logra coordinar porque la coordinación lleva tiempo y esfuerzo. El tiempo que se invierte en coordinar y la pérdida de autonomía en las decisiones asociadas a la coordinación pueden reducir la velocidad de ejecución.
A pesar de los desafíos que se plantea, poner énfasis en la coordinación y la cooperación es clave para los gobiernos de América Latina, ya que son factores que permiten implementar políticas públicas con menos recursos y de mayor calidad.
El autor es Dominicano, Abogado. Gestor Social. Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD)
Por Pablo Vicente