El control de la corrupción más que en el Sistema Judicial está en manos de los organismos gerenciales del Estado. Es decir, en los ministerios, las direcciones, la Contraloría General y la Cámara de Cuentas.
Son esas instancias las responsables de establecer los controles para evitar que los funcionarios y quienes merodean desde fuera ejerzan malas prácticas con los fondos públicos.
La efectiva campaña contra la corrupción es lograr que esos organismos funcionen con transparencia y auditorías efectivas a las operaciones que se realizan en compras e inversiones.
La impunidad no sólo está referida a la corrupción pública, se extiende a todos los actos de negación de justicia en el Poder Judicial.