Conté 107 cadáveres…

Por Oscar Lopez Reyes

En la claridad del día y la tenebrosidad de la noche -bajo el rompiente tableteo de las ametralladoras-, el 23, 24 y 25 de abril de 1984 conté 107 restos mortales, en un estruendoso estallido social en los barrios carenciados de la capital y pueblos del interior, incitados por los escandalosos e impactantes aumentos en los precios de artículos de consumo diario. Yo gloso como un testigo presencial, desde la primera guagua quemada hasta el gesto de ansiedad del herido 500 y el arrestado 6 mil.

En ese levantamiento de los marginados, provocativo de esa botija de cadáveres, no hubo una planificación política ni una dirección de la izquierda ni de la derecha. La espontaneidad emanó de la incomodidad y la médula de la indignación facturada por los acuerdos suscritos entre el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el hastío de la pobreza, que arropaba al 47.3% de la población.

Les cuento que el Domingo de Resurrección, el Comité de Lucha Popular del Barrio Capotillo y Zonas Aledañas efectuó una asamblea, en la cual se decidió convocar un paro de 12 horas exclusivamente en ese sector, en la víspera del 19 aniversario de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965, para protestar contra las exageradas subidas de los precios de los productos de alto uso.

El día 23, el paro de actividades comerciales y de otra índole fue efectivo, pero rebasó la línea pacífica trazada por sus organizadores. A media mañana, en la avenida Nicolás de Ovando, frente al hospital Francisco Moscoso Puello, observé que decenas de jóvenes incendiaron el minibús de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (ONATRATE) placa 01-0053, que cubría la ruta B. El chofer y los pasajeros huyeron….

Esa chispa se extendió súbita y velozmente, como una lengua siniestra, por la pradera resentida de la capital. En unas cuantas horas, la furia se propagó y apoderó de Capotillo, Simón Bolívar, Gualey, Villas Agrícolas, Villa Juana, Cristo Rey, Villa Duarte, Los Minas, Mendoza y otros barrios, estimulados, además, por las transmisiones en vivo de Radio Popular, Radio Comercial, Radio Mil Informando y otras estaciones radiofónicas.

Los neumáticos ardían y moradores irritados y resueltos asaltaron puestos de Inespre, colmados y supermercados; tiendas y otros establecimientos comerciales, mostrando su deslenguada disconformidad por esos cauces. Al mediodía, agentes de Operaciones Especiales de la Policía Nacional se apostaron en los principales puntos comerciales y barrios populares, y lanzaron gases lacrimógenos, que eran repelidos por manifestantes. Entonces, las ráfagas resonaron estrepitosas y la sangre comenzó a ser esparcida por contornos de la urbe convulsionada.

Pasadas las 2 de la tarde, las calles se encontraban intransitables por las gomas incendiadas y objetos contundentes, como troncos de árboles. El transporte urbano tuvo que ser paralizado, y miles de empleados públicos y privados abandonaron sus trabajos. Para regresar a sus casas caminaron, a pie, extensos trechos, incluidos los tres puentes que conectaban el centro de la ciudad con la parte Oriental. Los peatones lucían sudorosos y desesperados.

Los saqueos y la turbulencia se incrementaron en la tarde en la capital, y se prolongó a las cabeceras de provincias. Nos acercamos al Palacio Nacional, en cuyo despacho el presidente Jorge Blanco hacía mutis, y a las 5 de la tarde se reunió con miembros de su gabinete. A las 7 de la noche asistió a la inauguración de la Duodécima Feria Nacional del Libro, en la fortaleza Ozama, y no quiso hablar con nosotros los periodistas.

Al terminar el acto, desde la Feria del Libro en la Zona Colonial, seguimos la caravana presidencial, que transitó por las desiertas calles Las Mercedes y 30 de marzo, en las cuales los vehículos oficiales vadearon numerosas gomas encendidas, para que el jefe del Estado pudiera llegar hasta el Palacio Nacional.

El 23 y 24 de abril no cesaron los movimientos y reuniones de los altos mandos de los uniformados, dirigidos por el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramiro Matos González, y el jefe de la Policía, mayor general José Félix Hermida González. En trajes de campaña se observaban tranquilos en sus caminatas por los pasillos del Palacio Nacional, donde llevaban informes y recibían instrucciones.

Los dos titulares suscribieron un comunicado reiterando su adhesión al presidente de la República y en reclamo de la paz, junto con el mayor general Manuel Antonio Lachapelle Suero, subsecretario de las Fuerzas Armadas; mayor general Manuel Antonio Cuervo Gómez, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional; vicealmirante Arturo Bordas Betances, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra y el mayor general Fernando E. Cruz Méndez, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. También, por el contralmirante Ernesto Pérez Navarro y el general de brigada Miguel Angel Restituyo, subsecretarios de las Fuerzas Armadas, y el general de brigada José A. Capellán Camilo, inspector general de la institución.

En la mañana y las primeras horas de la tarde del 23, cargamos con heridos hacia hospitales, en una guagua Van de El Nuevo Diario, respaldado yo por el fotógrafo César Sánchez, fallecido recientemente, y el chofer Lugo, quien hace unos 10 años murió en un accidente de tránsito. El primer abatido fue Andrés Avelino Fabián Jiménez, a quien un disparo le perforó la cabeza cuando tomaba agua en el patio de su residencia de la calle Yolanda Guzmán número 8 del barrio Mejoramiento Social.

En la noche, y las primeras horas de la madrugada, seguimos contando muertos, en múltiples llamadas telefónicas que recibíamos en la redacción de El Nuevo Diario. Las voces alarmantes no paraban, y confirmábamos los hechos por las diversas afirmaciones repetitivas y las respuestas a las preguntas que formulábamos a los emisores compungidos.

(Tras un largo día -23 de abril- de contar cadáveres, trasladar heridos a hospitales en el vehículo de El Nuevo Diario, a las dos de la madrugada Osvaldo Santana (hasta hace poco director del Caribe), Luis Minier Montero (corrector de estilo del matutino Hoy), Héctor Tineo (director de Diariodominicano.com) y este servidor tuvimos la osadía de salir desde las instalaciones de ese matutino, en la calle Francia esquina Roco Cochía, en Don Bosco, y dirigirnos al extremo de la Zona Oriental. En ese transcurrir con las vías públicas bloqueadas y en penumbras, varias veces fuimos apuntados y parados por militares, con ametralladoras en ristre).

Los acaecimientos referidos son recogidos por este autor en la obra “Poblada y matanza (1984). Tres días de protestas y otros relatos”, en la que anexamos, para reforzar la memoria histórica, los nombres de los 107 asesinados con fusiles calibres M16, R15 y Fall, por militares y policiales el 23, 24 y 25 de abril del citado año.

A cuatro décadas de esos sucesos desgraciados y lastimosos, elevamos tres plegarias, para: 1) rogar porque estas aniquilaciones no se repitan, 2) pedir que se diga la verdad: los abatidos fueron 107, y no citar cifras exageradas, como ocurre con frecuencia; 3) señalar que fue un movimiento espontáneo, no dirigido por fuerza política alguna, 4) decir que nos extraña que nadie reclame justicia ante esta mortandad, que enlutó a más de 10 mil familias, y 5) la poblada se empadronó porque al gobierno le faltó comunicación recíproca, se subestimó y obvió el vigor oculto comunitario.

Cuando los finados estaban sepultados, siete pies debajo de la tierra, como reportero de El Nuevo Diario acompañé al presidente Jorge Blanco a reuniones explicativas y de consultas, en la línea de respaldar el orden institucional, con los líderes políticos Joaquín Balaguer, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Jacobo Majluta, Marino Vinicio (Vincho) Castillo, Elías Wessin y Wessin, y Fernando Alvarez Bogaert. También, platicó con representantes del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, la Asociación de Comerciantes, rectores universitarios, dirigentes sindicales, directores de diarios, y con Antonio Imbert Barrera y familiares de otros héroes.

La sangrienta revuelta de barrios populares dominicanos de 1984, en la túnica de manifestaciones violentas, hurtos, incendios, fuegos y otras impetuosidades, ha sido replicada más recientemente en Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Haití, pero con menor saldo de víctimas. Con los desfallecimientos y despedazamientos de la Covid-19 y la guerra de Ucrania, los costes de los artículos de elevada demanda han escalado desmesurado techo, a nivel mundial y nacional, y mal podríamos incentivar otro volcán social, cuan manigua que, a la corta o a la larga, agravará los tormentos de las masas populares y el descrédito de sus auspiciadores.

Está réquete comprobado que, para evitar mayores padecimientos y dolores particularmente a los ciudadanos indefensos, se impone el diálogo comprensivo en un organismo como el Consejo Económico y Social (CES), que compacte acciones en las esferas de la infraestructura y macrosocial. Ningún partido debe rehuirle.

Los líderes y partidos que, en vez de formular sugerencias de solución, se agiten tratando de obtener ganancia política, terminarán hundidos en su propio contrasentido. Los dominicanos valoran más la sensatez, la prudencia y la presentación de remedios, que el lenguaje incendiario. Más que la protesta, valen más las propuestas.

Por Oscar López Reyes

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