Conrado Pittaluga y Miguel Alberto Surún Hernández

Por Gregory Castellanos Ruano jueves 25 de febrero, 2021

En fecha Martes veintitrés (23) de Febrero del presente año dos mil veintiuno (2021) El Nuevo Diario Digital trajo el titular “Fiscal revela Conrado Pittaluga manejó RD$100 millones en cuentas financieras Caso Odebrecht“; el reportaje es de la autoría de Ismael Hiraldo, reportero de dicho periódico.

Es decir, que en el caso Odebrecht por cien millones de pesos dominicanos se investigó, se persiguió y se acusó al abogado Conrado Pittaluga.

Sin embargo, el Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Dr. Miguel Alberto Surún Hernández, manejó la suma de ciento seis millones de pesos dominicanos (RD$106, 000.000.00) para él comprar terrenos en la Provincia de Higuey sin que él pueda justificar de dónde sacó esos ciento seis millones de pesos dominicanos (RD$106, 000.000.00), trascendiendo, además, que tiene una compañía offshore en Panamá, es decir, en un paraíso fiscal.

En dicho Colegio de Abogados de la República Dominicana el señor Dr. Miguel Alberto Surún Hernández tiene cinco (5) años gestionando el mismo y producto de ello ha manejado centenares de millones de pesos (más de setecientos millones de pesos: RD$700, 000.000.00) que proceden: una parte de los impuestos que tienen que pagar cada uno de los litigantes para poder reclamar derechos en Justicia; otra parte por concepto de la matriculación que tiene que hacer todo aquél que se gradúe de abogado para poder ejercer ante los Tribunales de la República; y otra parte por concepto de la renovación del carnet del Colegio de Abogados que tiene que hacer todo abogado para poder postular ante dichos Tribunales de la República.

Antes del Dr. Miguel Alberto Surún Hernández ser Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana él no podía disponer de ciento seis millones de pesos (RD$106,000.000.00) para comprar  terrenos en la Provincia de Higuey ni en ningún otro lugar de la República Dominicana.

La plantilla burocrática de empleados que tiene el Colegio de Abogados gana sueldos de algunos miles de pesos, sueldos que no pasan de dieciocho mil pesos (RD$18,000.00); ni lo que puedan ganar juntos todos los miembros de la Junta Directiva puede justificar el destino a donde fueron a parar esos setecientos millones y pico de pesos dominicanos que ha manejado la gestión del señor Dr. Miguel Alberto Surún al frente del Colegio de Abogados.

Sin embargo, la totalidad de los abogados de la República Dominicana carece de seguro social pagado por el Colegio de Abogados; carece de Cooperativa; carece de hospital, carece de centro de recreación y de muchos otros servicios de política pública intra-clase como, por el contrario, por ejemplo, ocurre con los profesores y maestros dominicanos, todos los cuales sí tienen asegurados todos esos servicios precedentemente mencionados.

No se conoce el caso de ningún anterior presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana que tenga la disponibilidad personal que exhibió el señor Dr. Miguel Alberto Surún Hernández al comprar esos terrenos en Higuey movilizando para ello la friolera de ciento seis millones de pesos dominicanos (RD$106, 000.000.00); no se conoce el caso de ningún anterior presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana que tenga una compañía offshore en Panamá.

Es ese mismo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (el señor Dr. Miguel Alberto Surún Hernández) el que se ha aferrado a ese cargo, el que insistentemente quiere permanecer al  frente del mismo (no se sabe qué razón lo lleva a ese aferramiento).

Es ese mismo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (el señor Dr. Miguel Alberto Surún Hernández) el que sistemáticamente se ha negado a que la Cámara de Cuentas audite su gestión al frente de esa entidad que, de conformidad con el Artículo 2 de la Ley 3-19, si bien tiene autonomía, descentralización y facultad para elegir a sus directivos, sin embargo tiene calidad de `Corporación de Derecho Público Interno` (el Derecho Público Interno es el que organiza internamente al Estado), lo que reviste a dicha entidad de carácter estatal y por ello cada uno de sus funcionarios son funcionarios públicos y por ello y por manejar fondos públicos provenientes de impuestos para los litigantes poder reclamar derechos en Justicia están bajo la facultad estatal de sus gestiones ser auditadas por la Cámara de Cuentas.

¿Ser presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana otorga el derecho a no ser auditado, a no ser investigado, a no ser perseguido, a no ser acusado, a no ser juzgado?

El contraste entre el caso de Conrado Pittaluga y el caso del señor Miguel Alberto Surún Hernández parecería indicar que en los hechos ello es así.

Muchos políticos quisieran tener y gozar de ese manto de impunidad…

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

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