Conmoción en Bolivia por una niña asesinada y abandonada en la calle

Por EFE martes 7 de julio, 2020

El Nuevo Diario, La Paz.- El hallazgo del cuerpo de Esther, una niña de 9 años, abandonado en una calle en la ciudad boliviana de El Alto con signos de violencia causó conmoción e indignación en el país, donde se han registrado más de una treintena de infanticidios en el primer semestre del año.

“Justicia para Esther” fue el pedido clamoroso de familiares y vecinos que acompañaron a la madre de la pequeña en el último adiós este martes en un cementerio alteño.

Aquella consigna se ha repetido también en redes sociales junto a una imagen con fondo morado que muestra la silueta de una niña, una fotografía ampliamente compartida desde que se conoció el suceso.

Vecinos alteños encontraron el domingo en la tarde el cuerpo de la menor abandonado en una calle de la zona Luis Espinal de esa ciudad, la segunda más poblada del país y vecina de La Paz, con cerca de un millón de habitantes.

La Policía Boliviana confirmó luego que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento y que la menor presentaba signos de haber sufrido una agresión sexual “con data anterior”, según medios locales.

La pequeña, la mayor de tres hijos, vivía con su madre y sus hermanos en una vivienda alquilada y el principal sospechoso de su muerte es Zenón M.J., un hombre de 42 años que también era inquilino.

“Quiero decirle a la presidenta (Jeanine Áñez) que me ayude si es posible, que me ayude a capturar a ese tipo que le ha hecho tanto daño a mi hija y quiero justicia”, dijo a los medios en la mañana Yola Cavillo, la madre de la niña.

CAE EL PRINCIPAL SOSPECHOSO

El hombre, que se encontraba prófugo, fue detenido en El Alto y llevado a primera hora de la tarde de este martes hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en La Paz.

Su aprehensión “es una respuesta que da la FELCC ante este lamentable hecho”, sostuvo ante los medios el director de esa fuerza policial, Iván Rojas, quien también lamentó que la detención “no va a devolver la vida a la menor”.

Según Rojas, el sujeto logró salir de la ciudad con la ayuda de allegados y fue capturado tras retornar en esta jornada.

La Policía también aprehendió a quienes supuestamente le ayudaron a escapar y a cuatro personas que al parecer dieron pistas falsas para entorpecer la investigación.

La investigación también deberá indagar si el hombre es autor de la violación de la niña, o si fue otra persona.

El viceministro interino de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, destacó la acción policial y aseguró que se hará mayor énfasis en las políticas de prevención de la violencia hacia mujeres y menores.

INDIGNACIÓN GENERALIZADA

El suceso conmovió a la sociedad boliviana, con pronunciamientos sobre todo de organizaciones feministas y defensoras de la niñez, como también de autoridades y políticos.

La presidenta interina, Jeanine Áñez, informó en Twitter que instruyó al Ministerio de Justicia “que se realicen todas las acciones legales hasta llegar a una sentencia en contra del autor del asesinato y violación de la niña Esther”.

“No vamos permitir ningún tipo de violencia”, advirtió Áñez, que también felicitó la “rápida respuesta” policial para capturar al principal sospechoso.

A los pedidos de justicia se sumaron por separado otros políticos, como el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque; la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y el candidato presidencial y exmandatario Jorge Tuto Quiroga.

Murillo demandó a los administradores de justicia “transparencia, máxima condena, celeridad y contundencia” en el caso, mientras que Choque planteó la posibilidad de endurecer las penas a violadores y asesinos de menores.

Cruz lamentó que lo ocurrido con Esther “podría ser el caso de muchas otras” niñas bolivianas y criticó que “poco o nada” se esté haciendo desde el Estado, pese a que este año fue declarado como el de lucha contra los feminicidios e infanticidios.

El país registró 32 infanticidios desde enero hasta el pasado 22 de junio, según la Fiscalía. EFE

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