¿Cuál sería la calificación más apropiada, respecto de ese primer Poder del Estado en Dominicana, ante las tantas acciones inapropiadas que allí se pueden observar? Es la gran pregunta que asalta, quiérase o no, cuando se repara con atención sobre el Congreso de esta República.
¡Lamentable!, el tener que así preguntarse. Pero, la verdad es que, cuando cualquier persona con algo de civismo; con conocimientos sobre las praxis protocolares; y, formación académica por demás, fija su atención sobre los comportamientos en que incurren los seudo diputados y senadores, en su mayoría, que se gasta esta nación, durante algunas de las sesiones legislativas que se llevan a efecto en sus respectivas Salas, la repugnancia que le sobreviene es inevitable, y la interrogante que encabeza le llega de inmediato a su mente.
Las preguntas obvias relativas, que al instante se presentan son, ¿y cómo no van a proceder así?; ¿qué es lo que se tiene en esas curules? Evidentemente, no son congresistas en realidad, representantes de los ciudadanos que los eligen en las urnas, sino politiqueros apandillados bajos las sombrillas de los partidos que conforman el ruedo nacional.
Por demás, defensores de intereses personalizados y grupales; cuando no, cajas de resonancia del Poder Ejecutivo de turno. Provienen por lo regular, en un significativo porcentaje, de “raleas” de baja estofa social, como se dice, que amen de reportarse como ineptos para desempeñar funciones de ese tipo, muchos suelen ser hasta analfabetos, para completar.
Por eso se escuchan todos esos dimes y diretes irrespetuosos, y hasta palabras indecentes, en sus reuniones, fuera de toda ética congresual exigible; incluso, provenientes de personas que aspiran a querer venderse como políticos de importancia en el país; y, se comportan públicamente como patanes parcializados nada más, respecto de ciertos intereses particularizados, que, por tanto, nunca favorecen a la sociedad en general. En ocasiones se reportan como “levanta manos”, hasta por sobornos propiamente.
Claro, todas las actitudes depreciables que exhibe sin reparo alguno el grueso de los componentes de ese primer Poder del Estado nacional -Legislativo -, tiene una raíz fortísima: la cualquierización de escogencia para ser propuestos electoralmente a dichos cargos, que se desprende de la propia Constitución de la República (2010), en sus Artículos 79 y 82 (Gaceta Oficial 10561, del 26-01-2010). Pero, ¡hace tiempo que eso es así!
“Artículo 79.- Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senadora o senador se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos.”
“Artículo 82.- Requisitos para ser diputada o diputado. Para ser diputada o diputado se requieren las mismas condiciones que para ser senador.”
La verdad es que, no se establecen en la Carta Magna, requisitos cónsonos con las delicadas funciones a desempeñar para esta sociedad, salvo “minicidades” obligatorias que cualquier ciudadano corriente las puede reunir. “Alguno del montón aplica!
De ahí que, el que sea, puede ser escogido para miembro del Congreso Nacional. Nada más necesita del “sombrillaje” de un partido político, y el patrocinio económico obvio, condicionado, claro está, de un representante de ese sector.
Entonces, ¿qué se puede esperar?
Autor: Rolando Fernández