Según datos de la organización de derechos humanos bangladesí Ain o Salish Kendra (ASK), la guerra contra las drogas, que registró su primera muerte el 15 de mayo de 2018, cumple un año con al menos 357 personas muertas en enfrentamientos con la Policía y otras 20 en enfrentamientos entre bandas.
Mostafa Hossain, el más reciente de los abatidos, fue hallado por la Policía con heridas letales, 200 gramos de heroína y 100 gramos de yaba -una versión local de la metanfetamina comercializada en pastillas-, cerca de una autopista después de un tiroteo en el distrito de Mymensingh, al norte de Dacca.
«Mostafa era el rey de las drogas en nuestro distrito. Estaba en busca y captura por ocho casos en diferentes comisarías», dijo a Efe Ahmed Kabir, un oficial de policía de ese distrito.
Las muertes de narcotraficantes comenzaron hace un año, 12 días después de que Hasina ordenase el inicio de una campaña antidrogas que ha sido seriamente cuestionada tras denuncias de asesinatos extrajudiciales.
Activistas de derechos humanos han comparado esta ofensiva con la sangrienta guerra contra las drogas lanzada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte.
Para las autoridades, las operaciones son un «éxito», aunque la entrada de drogas procedentes de la vecina Birmania (Myanmar), especialmente la yaba, no se ha detenido.
«Yo diría que el éxito de la campaña es notable. Los traficantes de drogas han tenido que esconderse o detener el negocio, y muchos de ellos se han rendido», dijo a Efe el director general del Departamento de Control de Estupefacientes (DNC, por sus siglas en inglés), Jamal Uddin Ahmed.
«Aunque el consumo de drogas no se ha detenido por completo, ahora los daños causados por las drogas son limitados. Mientras haya drogadictos en la sociedad, éstos intentarán conseguir drogas de una forma u otra, pero el aumento de su consumo se detuvo», dijo.
Durante el último año las agencias de seguridad recuperaron más de 53 millones de unidades de yaba en diferentes redadas, lo que representa un aumento si se compara con las 40 millones de piezas que se incautaron en 2017, dijo a Efe el miembro del DNC Abu Sufian.
«Durante ese período, las autoridades también se incautaron 451,8 kilogramos de heroína, que son 50 kilogramos más que los 401,6 kilogramos incautados en 2017», dijo.
Sufian sostiene que el consumo de drogas, especialmente el de la yaba, se ha multiplicado de forma exponencial, «casi 500 veces en la última década», dijo al comparar las 132.287 piezas de píldoras de metanfetamina incautadas en 2009 con las 53 millones confiscadas en el último año.
Este aumento muestra «no solo el daño a nuestra sociedad, sino a nuestra economía porque no producimos drogas», señaló Sufian.
Según el Departamento de Control de Estupefacientes, en 2018 las autoridades presentaron 119.878 casos por consumo, venta y contrabando de drogas, en los que estaban implicadas 161.323 personas.
El Batallón de Acción Rápida (RAB), un cuerpo de fuerzas especiales de la Policía que participa activamente en la campaña antidrogas, justificó las muertes infringidas durante sus redadas.
«No puede haber ninguna duda en relación a las muertes. Arrestamos a más de 100.000 personas durante nuestros operativos, no en todos se reportaron muertes», dijo a Efe el portavoz del RAB, Mufti Mahmud Khan.
«No hay un plazo para terminar esta operación, está en desarrollo, se podría tomar una decisión una vez que el problema alcance un punto tolerable», dijo.
Los detractores de la agresiva campaña advierten sobre los graves daños de ajusticiar a los supuestos narcotraficantes como una solución a la amenaza de las drogas.
Las muertes extrajudiciales son una preocupación en este país, que según la organización de derechos humanos bangladesí Odhikar, entre 2001 y el 30 de abril de 2018 registró 3.060 personas muertas en ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad.
«Los organismos encargados del cumplimiento de las leyes han estado matando gente en nombre de la campaña antidrogas. El principal problema que crea es el aumento de la ilegalidad», dijo a Efe el abogado de la Corte Suprema Jyotirmoy Barua.
Barua subraya la gravedad de la práctica del ajusticiamiento, y el debilitamiento del poder judicial con esta forma de castigo.
«Cuando los organismos de seguridad deciden cuál debe ser el castigo, se socava al poder judicial», concluye.
Por EFE
