EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informo que la investigación que realizara la recién comisión designada con el Decreto 44-17, para investigar todo lo relativo a compra y ventas irregulares de terrenos en la provincia San Pedro de Macorís, luego del asesinato de dos comunicadores, nada tiene que ver con la Policía Nacional.
Montalvo, quien presidio este viernes al mediodía, una rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez, junto al vocero Roberto Rodríguez Marchena,y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, para dar a conocer el Decreto 44-17 emitido del Presidente Danilo Medina, creando una comisión investigadora de los actos de corrupción en el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, dijo “la comisión dará su informe y sugerencias”.
Al preguntársele a Montalvo si dentro de las reuniones realizadas por Poder Ejecutivo luego de ocurridos los hechos en SPM, ha pensado ¿què hacer con la Policía Nacional?, fue enfático al responder “eso no es tema de esta investigación, ese no es el tema de esta investigación, si hay algún policía o funcionario que luego de la investigación, se compruebe estuvo involucrado, sería sancionado, pero no a la institución, no se trata de eso.
La comisión estará dirigida por el Consultor Jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal y compuesta por José Dantés Díaz, director ejecutivo de la comisión permanente de Títulos y Lidio Cadet, director de Ética.
Los tres funcionarios palaciegos respondieron preguntas de los periodistas que asistieron a la Rueda de Prensa ofrecida en el Salón Orlando Martínez, este viernes, en el Palacio Nacional.
En ese orden, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo , explico que lo referente a las acciones legales del informe rendido con relación a Los Tres Brazos, la comisión hizo una series de recomendaciones que el Presidente Danilo Medina, acogió y ya se apoderaron a los abogados Laura Acosta y Nassef Perdomo para que inicien las acciones legales en las juridiscciones competentes y procurar la nulidad de los contratos de venta.
En segundo lugar, dijo, el Presidente de la República dispuso que sea iniciado el proceso de la disolución de las empresas Corde y la Crep, asi como la destitución del administrador de Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), “ya la comisión asumió esa administración para tomar medidas en lo que tiene que ver aspectos legales, de inventarios, acreencias y deudas, situación administrativa y financiera”.
“También se está en conversación con la Comisión de Reformas de las Empresas Publicas, Crep, para llevar a cabo el cierre definitivo de modo que tiene un procedimiento especial su ley, primero se remite un informe al Congreso Nacional de todo lo que hizo la Crep, cuando sea aprobado, el Poder Ejecutivo mediante decreto, informa su disolución”.
El consultor Jurídico del PE, dijo en torno a lo relativo al aspecto penal, la comisión recomendó en ese caso, el citado más arriba, que la Procuraduría General de la República, determine si alguno de los involucrados del sector público o privado ha comprometido su responsabilidad penal. Informo que la PGR tiene el expediente en sus manos, y este ha dado un plazo a los investigadores para rendirle un informe sobre el particular y que hacer al respecto.
En tal sentido, aclaro “el decreto que se acaba de leer ahora no habla de aspectos penales, porque nosotros no perseguimos ante la justicia, solo somos funcionarios del gobierno y no hacemos persecuciones penales, sino recomendaciones legales”.
Al preguntársele si la comisión nombrada por decreto solo investigara los hechos ocurridos en San Pedro de Macorís, o extenderá sus indagatorias a otros casos ya denunciados sobre ventas y terrenos del CEA. Se informo que “todos los casos que lleguen a la comisión serán investigados”.
“Lo que dice el Decreto de manera particular es que de inmediato se va evaluar lo concerniente a transacciones, operaciones, de tierra que tienen relación con los hechos ocurrido en San Pedro de Macorís, porque en las informaciones recogidas esos sucesos, muertes lamentables se originaron en una transacción de terreno u operaciones que tienen que ver con el CEA”.
Obviamente, agrego el funcionario” ese es el punto de partida, en lo que tiene que ver con ese aspecto, pero dijo el doctor Flavio Espinal, surgirán otras situaciones, y la comisión evaluara que recomendarle al Presidente de la República con relación a esas otras quejas de irregularidades producidas, que tendrán un plazo de una semana, para investigar , entrevistar ,puede ser que surjan otras cosas y mas recomendaciones”.
“Nos comprometemos a poner todos los medios a nuestro alcance para que se esclarezcan los mismos. Nuestro objetivo es llegar a la verdad y que se depuren las responsabilidades necesarias. Hemos dicho que la justicia y la transparencia son esenciales en este Gobierno pero esta es la mejor manera de probarlo, con acciones”, dijo el ministro de la Presidencia.
La citada comisión tiene un plazo de una semana para rendir un informe sobre los actos de corrupción, venta y compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, CEA.
El director de comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, informo que esa comisión deberá “examinar y rendir un informe a la Presidencia sobre lo concerniente a la operación de compra y venta de terrenos que alegadamente se relacionan con los hechos ocurridos recientemente en la provincia San Pedro de Macorís”.
El decreto presidencial 44-17, también suspende de sus funciones al directivo ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, José Joaquín Domínguez Peña, y provisionalmente fue designado Héctor Bienvenido Abreu, actual director ejecutivo del CEA para asuntos de Ganadería (CEAGANA), hasta tanto termine dicha investigación.
Por Lilliam Mateo
